El Plenario de la Asamblea Legislativa realizó este lunes el debate reglado sobre el acuerdo que el Ejecutivo, la Caja y los sindicatos de la institución firmaron para deponer la huelga de 8 días que afectó a más de 100 mil asegurados; luego que el miércoles anterior (última sesión de la semana pasada) no se pudiera realizar por falta de quorum.
Por espacio de dos horas, oficialismo y oposición expresaron discursos relacionados con el tema pero con tonos menos agresivos y en especial, dejando de lado el argumento de que el acuerdo exoneraba a la Caja de cumplir con la regla fiscal, especialmente porque ya es harto conocido que quien lo hizo fue la propia Asamblea y la Sala Constitucional...
¿Resumen? El PAC le recordó al PLN y al PUSC que todas las huelgas en la Caja anteriormente terminaron con nuevos incentivos para los médicos, desastre que ha crecido año con año y que amenaza con ser insostenible financieramente para la institución. La oposición, por ende, le reprochó al oficialismo volver a las prácticas de culpabilizar de lo que pasa en el país a los anteriores gobiernos...
Dejando de lado los discursos trillados que ya hemos escuchado en los últimos días, mejor destaquemos los hechos relevantes que dejó la discusión:
En primer lugar, el diputado Pedro Muñoz anunció haber denunciado penalmente a 14 magistrados de la Corte Suprema que adoptaron un acuerdo en marzo que dispone que los pluses del Poder Judicial, otorgados antes de la reforma fiscal, no serán convertidos a montos nominales; sino que se mantendrán como porcentajes sobre el salario base (con el efecto de que cada vez que el salario base sube, lo hacen también los pluses).
Los denunciados son Fernando Cruz (presidente de la Corte), Luis Guillermo Rivas, Román Solís, William Molinari, Orlando Aguirre, Julia Varela, Luis Porfirio Sánchez, Jorge Olaso, Roxana Chacón, Jesús Ramírez, Patricia Solano, Jazmín Aragón, Maribel Seing y Jorge Enrique Desanti. Aunque dicho acuerdo data de marzo, fue a raíz de una reciente noticia de La Nación que Muñoz actuó. Los magistrados de la Sala Constitucional no figuran entre los acusados, pues no participaron del acuerdo al haberse abstenido.
Lo que ocurrió en la Corte Plena es similar a lo que aconteció en la Caja: dado que la Ley ni el reglamento inicial establecían que los pluses otorgados antes del 4 de diciembre de 2018 debían nominalizarse; ambas instituciones acordaron que la conversión a un monto nominal fijo sería solo para pluses y anualidades obtenidas o ganadas después de la entrada en vigencia del plan fiscal; cosa que entró en contradicción con el segundo decreto que reglamenta el capítulo de Empleo Público de la reforma tributaria, emitido después de dichos acuerdos.
En segundo lugar, la también socialcristiana María Inés Solís anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo Ejecutivo-CCSS-Sindicatos aduciendo que por su contenido, rompe con los principios de razonabilidad, legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Las autoridades públicas aceptan dejar sin efecto la vigencia de normas jurídicas de alcance general, y restarle validez al contenido de sentencias judiciales firmes que el Estado costarricense está obligado a hacer cumplir y su aplicación en favor de los intereses de los grupos sindicales que se levantaron en huelga con la finalidad de alcanzar precisamente ese objetivo, todo lo cual rompe con la institucionalidad del Estado costarricense.
-María Inés Solís.
La acción fue firmada por Solís Quirós, Pedro Muñoz Fonseca, Erwen Masís Castro, Pablo Heriberto Abarca Mora, Aracelly Salas Eduarte, Rodolfo Peña Flores, Oscar Cascante Cascante, María Vita Monge Granados. La única del PUSC que no firmó: Shirley Díaz Mejías.
Además de solicitar la anulatoria del acuerdo, los congresistas piden que se ordene a la Caja acatar la Ley 9635, lo cual incluye la adecuación de sus sistemas tecnológicos de pago disponibles, así como la realización los cálculos y ajustes necesarios a fin de asegurar que el cambio de modalidad de pago legalmente prescrito no produzca una disminución o aumento en el salario de los servidores.
A esa acción de inconstitucionalidad se suma la solicitud formulada por los congresistas del PUSC a la Contraloría General de la República, para que se investigue a quienes firmaron el polémico acuerdo y además, decrete su nulidad.
Por el momento, la discusión quedó allí pero aún queda pendiente que se conozca en la Comisión de Ingreso y Gasto Público una moción para que el presidente de la Caja, Román Macaya Hayes comparezca ante ese órgano legislativo a explicar el acuerdo.
Otra vez, Mélvin Nuñez Piña...
El diputado Mélvin Nuñez acaparó titulares durante el fin de semana tras filtrarse un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que: se queja de su salario y de que "solo" le queda medio millón para sus "gustos"; de los temas que se discuten en la Asamblea Legislativa, los cuales calificó de "estúpidos"; donde calificó de traidores, tránsfugas y otros términos a sus excompañeros de partido Ivonne Acuña, Carmen Chan y Jonathan Prendas; y donde dijo ser estúpido, pero no idiota...
Este lunes Nuñez evadió las consultas de la prensa. Se limitó a decir que se remitía a su comunicado del fin de semana donde reconocía ser el autor del audio y que ofrecía disculpas por lo allí externado; además de rechazar renunciar a su diputación, pese a la contundencia con la que se manifestó estar inconforme...
Empecé disculpándome con mi fracción, igual con los costarricenses, una vez más. Son desafortunadas completamente las declaraciones. Es un audio que no debió salir al público, se hizo en un marco privado.
Su fracción legislativa se limitó a emitir un comunicado de prensa firmado por el jefe Eduardo Cruickshank, en el que califica de “desafortunadas e inaceptables” las declaraciones del diputado Nuñez y aseguró que “no es cierto que la fracción tolere su actitud y quejas”.
Personalmente lamento las desafortunadas e inaceptables palabras del diputado Melvin Núñez. Él mismo reconoció que fueron inoportunas y ofreció una disculpa pública.
Cruickshank descartó que fuera a solicitar la renuncia de Núñez, al afirmar que es un procedimiento legal que no recae en la bancada.
Actividad legislativa del día
Este lunes se aprobó en primer debate el expediente 21.308 denominado "Benemeritazgo de la Patria al Hospital México". En total 47 diputados respaldaron el expediente, el cual podrá votarse en definitiva el próximo jueves.

Asimismo, se envió al archivo el expediente 19.689 presentado por Fabricio Alvarado y denominado "Ley para la Protección Integral de la Privacidad de las Personas Menores de Edad en Medios Virtuales", dado que 35 diputados del PLN, PAC, PRN, PUSC y FA le negaron su voto afirmativo a la moción de prórroga del plazo cuatrienal (artículo 119 del Reglamento). Solo apoyaron la moción los fabricistas, dos del PIN, dos del PUSC, el PRSC y el independiente Erick Rodríguez.










