El diputado independiente leal a Fabricio Alvarado y quien fue su asesor en la Asamblea Legislativa, Jonathan Prendas Rodríguez, cobró de forma ilegal más de 8,3 millones de colones por concepto de cesantía tras asumir como diputado en mayo del 2018.

A esa conclusión llegó Delfino.cr tras analizar el dictamen C-158-2019 de la Procuraduría General de la República, el criterio STAP-0021-2019 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda que solicitó la diputada Paola Vega al respecto, y la resolución administrativa 076-2018 del Directorio Legislativo, mediante la cual se le reconoció a Prendas el monto de 8.383.738,44 colones por 154 días de cesantía.

Dicha resolución del Directorio, en poder de este diario, fue emitida el 2 de mayo de 2018 por Antonio Ayales Esna, director ejecutivo del Congreso y Pedro Solano García, actual director del Departamento de División Administrativa. La misma se firmó cuando Prendas ya había asumido como representante popular, en ese momento, por el Partido Restauración Nacional.

El documento muestra que Prendas solicitó el pago de los derechos laborales que le correspondían al haber finalizado su relación de servicios con la Asamblea Legislativa el 30 de abril del 2018, los cuales fueron estimados por Jorge Monge Vargas (con la revisión de Juan José Chotto Monestel) en 8,38 millones de colones por 154 días de cesantía, 453.077,79 colones por 8,5 días de vacaciones correspondientes al periodo 2017-2018 y 182.759,42 colones por 3,34 días de vacaciones proporcionales correspondientes al periodo 2018-2019, para un total de 9.019.575,65 colones.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República emitió a inicios de este mes un criterio legal a raíz de una solicitud de la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, en enero del 2019, quien consultó "si una persona que ocupa una plaza de confianza es electa en un cargo de elección popular ¿debe cobrar las prestaciones laborales al finalizar su nombramiento a tiempo definido en la plaza de confianza para ocupar el cargo de elección popular o al contrario, no debe cobrar dichas prestaciones por existir continuidad laboral al tener en ambos puestos al Estado como patrono?".

Pasaron cinco meses para que el abogado del Estado respondiera la consulta, pese a que --según constató Delfino.cr-- consultas de otros diputados que entraron meses después a la planteada por Hidalgo, fueron respondidas con mucha mayor celeridad y en plazos menores.

El criterio vinculante para la Asamblea Legislativa según la ley y el propio documento, concluye que no es legalmente posible conceder el pago de cesantía a los servidores que al ser removidos de sus puestos de confianza subalternos, por ejemplo, inmediatamente pasan a ocupar cargos remunerados en alguna dependencia del Estado, incluida la Asamblea Legislativa; independientemente de si el cargo es de elección popular o no. 

Precisamente es de larga data conocido que los diputados son funcionarios públicos. Así lo ha reiterado en múltiples pronunciamientos la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional y lo ratifican instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción que Costa Rica ha firmado. Por ello tal y como lo concluyó la PGR a los diputados les aplica lo establecido en el artículo 686 del Código de Trabajo, el cual prohíbe el reingreso en cargos remunerados de cualquier dependencia del Estado, para aquellos servidores públicos que hubiesen recibido el auxilio de cesantía.

¿Cómo funciona el auxilio de cesantía en el sector público?

Si un funcionario público sale del cargo tiene derecho a un auxilio de cesantía, que viene siendo el equivalente al seguro de desempleo que existe en otros países. Su objetivo es asegurar a la persona trabajadora despedida (con responsabilidad patronal o por finalización de su contrato) una cantidad mínima para mantenerse mientras encuentra otro trabajo.

El monto de esa indemnización varía dependiendo de la cantidad de años laborados por el funcionario. Prendas, según la resolución en poder de Delfino.cr, tenía al 30 de abril de 2018 un total de 7 años, 2 meses y 15 días de trabajar como funcionario legislativo. Ello le daba derecho según el Congreso --erróneamente-- al escenario siete de la ley: 22 días de cesantía por año laborado o fracción superior a seis meses, para un total de 154 días.

El paso siguiente era promediar los salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos seis meses, los que según la resolución eran de 53.303,27 colones por día en el periodo 2017-2018 y 54.718,39 colones por día en el periodo 2018-2019. 

El artículo 686 del Código de Trabajo establece que un funcionario que reciba el auxilio de cesantía no puede reingresar a cargos remunerados del Estado, a menos que devuelva el monto equivalente al tiempo que no necesitó de dicho auxilio.

Dado que a Prendas se le reconocieron 154 días de cesantía ello implicaba un impedimento para asumir cargos públicos hasta el 1 de octubre del 2018 (tomando como referencia el 30 de abril como fecha de inicio). Sin embargo, dado que el Congreso le autorizó al diputado el pago el 2 de mayo, cuando ya estaba trabajando, debe devolver la totalidad de esa suma y en realidad, la Asamblea nunca debió girarle ni un colón de esos 154 días de cesantía.

La información suministrada a este medio por la administración del Congreso muestra, por ejemplo, que los diputados Enrique Sánchez del PAC y Gustavo Viales del PLN recibieron auxilio de cesantía cuando salieron de sus cargos antes de asumir como congresistas, sin embargo, los días de cesantía otorgados se vencieron mucho antes de que asumieran la curul y por ende, no hay irregularidad en sus casos.

Delfino.cr preguntó al diputado Prendas si se acercaría a la administración a formalizar un acuerdo de pago para devolver los montos que cobró de forma ilegal, sin embargo, no respondió al mensaje dejado a su celular.

De igual forma, este medio consultó a la Dirección Ejecutiva si ya había entablado un proceso de cobro para recuperar esos montos, sin embargo, el correo y mensaje enviado no habían sido respondidos al cierre de edición de esta nota.

Otros casos analizados

Delfino.cr solicitó el 3 de junio a la Asamblea Legislativa un detalle completo de todos los diputados que habían ocupado algún cargo dentro del Congreso de previo a asumir su curul el 1 de mayo del 2018, así como el detalle de si tras su cese de labores percibieron algún monto por concepto de cesantía y otros extremos laborales.

En la lista suministrada por el Departamento de Recursos Humanos figura el diputado Enrique Sánchez del PAC, quien recibió 871.430,40 colones por 40 días de cesantía tras haber cesado funciones el 15 de octubre de 2013, de modo que podía reingresar a cargos del Estado sin devolver esos recursos hasta el 24 de noviembre del 2013. Según la información, Sánchez no tuvo otros cargos en la Asamblea antes de ser diputado.

También se encuentra en la lista el diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC, quien recibió 3,43 millones de colones por 84 días de cesantía a raíz de su cese el 30 de setiembre de 2014 y por ende, la indemnización cubría hasta el 23 de diciembre del 2014. Abarca no volvió a trabajar en la Asamblea sino hasta el 12 de febrero de 2018 y fue cesado el 30 de abril de ese año, aunque a diferencia de Jonathan Prendas, no cobró extremos laborales.

El diputado Luis Fernando Chacón del PLN figura como funcionario de la Asamblea Legislativa desde 1994 y renunció a su puesto de director del Departamento de Servicios Generales el 30 de abril de 2018. Según el expediente, solo se le pagaron 349.838,90 colones por vacaciones no disfrutadas, es decir, no se ha dado su reconocimiento de cesantía. 

El también liberacionista Gustavo Viales Villegas recibió 2,76 millones de colones por 61,5 días de cesantía tras trabajar en la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo de 2014 y hasta el 15 de octubre de 2017. Viales no registra otro trabajo dentro del Congreso antes de ser diputado, aunque pudo haberlo hecho a partir del 16 de diciembre de ese año.

Finalmente, la diputada del PAC, Nielsen Pérez registra un pago de 23.532 colones por concepto de vacaciones pendientes de disfrutar a la fecha de su renuncia, el 15 de octubre de 2017. De igual forma, en su expediente no figura el reconocimiento de cesantía.

Esta nota forma parte del reporte de Barra de Prensa del 11 de junio de 2019.