El proyecto de ley para recrudecer las penas de cárcel por el asesinato o secuestro de un defensor o activista por los Derechos Humanos fue definitivamente archivado este martes en el Congreso, luego que todas las bancadas --a excepción del PAC, FA y dos diputados del PUSC--, negaran sus votos para la ampliación del plazo disponible para tramitar dicho expediente.
Esta martes la moción recibió más votos en contra que la del lunes: 34 en total proveniente de diputados del PLN, PUSC, PIN, PRN, PRSC e independientes.
De nada valieron las insistentes palabras de Paola Vega y José María Villalta para hacer ver al resto de congresistas que las observaciones hechas al proyecto (hasta ayer no de forma pública) podían ser subsanadas mediante la aprobación de varias mociones presentadas.
"Todos repudiaron el asesinato del líder indígena Sergio Rojas hace unos meses, dijeron que era una barbaridad que se violentaran sus derechos como líder indígena por la recuperación de tierras. Dos de cada tres activistas asesinados en 2007 fueron latinoamericanos, 67% de ellos defendía el derecho a la tierra. Que no se crea que defender Derechos Humanos es solo para poblaciones con diferencias políticas o religiosas, es defender el derecho a la tierra, a la vivienda, a la salud", enfatizó Vega antes de la votación.
El diputado del Frente Amplio fue más allá y reveló que algunos diputados dijeron haber negado su voto porque "les caen mal los ambientalistas".
"Recapaciten su voto, la moción es para darle un nuevo plazo. Hay varias mociones para mejorar la redacción y el tema que busca es reconocer una protección en la ley para personas defensoras de Derechos Humanos, no prejuzga sobre la causa que se defiende. Ayer algunos diputados votaron en contra porque les caen mal los ambientalistas, y es que no es una ley a favor de una causa u otra. Lo que está mal es que se persiga, se asesine, se agreda por defender una causa, independientemente de la causa, independientemente de si se está a favor o en contra. Protegería también a un líder religioso atacado por sus creencias, o a un activista pro-vida atacado por ese motivo", indicó Villalta.
La manifestación de Villalta causó incomodidad en algunos diputados que votaron negativamente la moción.
Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional dijo que lo de "caerle mal a los ambientalistas" no fue la razón que pesó en su fracción para votar en contra. "Ni creo que sea la razón por la que el resto de diputados que votaron en contra, no creo que sea esa la razón, salvo que alguno lo hubiese dicho expresamente de esa manera. Votamos en contra porque se dice: 'a una persona defensora o activista', y nos parece que ese término debe ser precisado. Hay conceptos muy ambiguos que había que precisar, por eso votamos en contra. Inadmisible y no aceptamos la expresión utilizada incorrectamente por el diputado Villalta".
Por su parte, la independiente Ivonne Acuña dijo que el bloque leal a Fabricio Alvarado rechazaba "contundentemente" las aseveraciones hechas por Villalta.
"En ningún momento estamos en contra de ninguna agrupación, sector que pretende manifestar de forma pacífica sus puntos de vista. Este proyecto es impreciso, deja abierto a interpretación el ámbito de quién sería la víctima y además consideramos que nuestro ordenamiento jurídico establece penas importantes por homicidio, indiferentemente de la razón por la que sea", alegó.
Posterior a la votación, Villalta hizo uso nuevamente de la palabra para decirle a los "aludidos" que no se sintieran de tal forma en caso de que no hubiesen sido ellos los que usaron esa expresión.
"He escuchado el audio de mi intervención y efectivamente dije: 'algunos diputados' y lo reitero: algunos diputados votaron en contra el día de ayer con ese tipo de argumentos. Yo escuché aquí en Plenario un caso y escuché, conversando con varios diputados, que no iban a aprobar esa ley porque esa ley es para darle una inmunidad, privilegio, favorecimiento a los ambientalistas. Mi intervención iba dirigida a aclarar que esa ley ni busca dar un privilegio, favorecimiento, ni prejuzga sobre causas particulares de derechos humanos. Ese tipo de argumentos he escuchado en este Plenario, ojalá que quienes no usan estos argumentos no se sientan aludidos", finalizó el legislador.
Tanto Vega como Villalta reiteraron que el proyecto podía ser corregido, sin embargo, ahora deberá presentarse nuevamente dado que el expediente 19.610 no va más.
El otro proyecto que se tambalea, pero aún no está muerto, es el que penalizaría los crímenes de odio y que se tramita en el expediente 20.174, denominado "Ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia".
La herida mortal provino del Partido Liberación Nacional, pese a que la iniciativa es de autoría de dos exdiputadas suyas: Maureen Clarke y Sandra Piszk (con la co-firma de otros diputados de otras fracciones). La bancada decidió no apoyar el proyecto, aunque de él se eliminen las normas polémicas que disponen cárcel por, ejemplo, renieguen de una resolución judicial en firme que haya determinado la ocurrencia de un genocidio.
El nuevo ataque hacia el proyecto se dará en la Comisión de Derechos Humanos, donde el proyecto se encuentra en su etapa final previo al envío al plenario: trámite de mociones de fondo presentadas en el segundo día habilitado para ello, según el artículo 137 del Reglamento.
El inconveniente para quienes adversan el proyecto es que las posibilidades de 'matarlo' en comisión se extinguieron, dado que el mismo fue dictaminado de forma unánime afirmativo en el cuatrienio anterior y el trámite que quedó pendiente era, nada más, el de mociones. Inclusive, el proyecto está en el lugar 21 de la agenda del Plenario, por ende, si desean verlo en el archivo deberán necesariamente conocer del dictamen en el Plenario y votarlo mayoritariamente en contra, o bien, esperar hasta el 2020 que el plazo del proyecto se vence.
Lo cierto es que los tiempos en Cuesta de Moras cambian muy rápido, y así como el PLN hoy --posiblemente agobiado por la 'mala fama' del proyecto-- prefiere dejarlo a un lado, cuando las aguas calmen y el texto sea depurado, podría ser nuevamente impulsado. Al final el mejor ejemplo de lo que puede pasar en la Asamblea es lo ocurrido el 1 de mayo: el partido al que toda la oposición quería fuera del directorio no solo forma parte de él, sino que obtuvo el doble de presidencias en comisiones legislativas. En resumen: todo puede pasar.
Comisión especial para investigar las campañas electorales del PAC
Una veintena de diputados de seis grupos legislativos firmaron una moción del diputado Dragos Dolanescu del Partido Republicano para abrir una comisión especial que investigue el manejo que hizo el oficialista Acción Ciudadana de las campañas electorales del 2002 al 2010, en todas ellas donde Ottón Solís Fallas fue candidato presidencial.
Aunque Dolanescu solicitó al presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides que la moción fuera conocida por el Plenario ese mismo martes, tras una reunión 'informal' entre las jefaturas de fracción se acordó analizar el tema el próximo jueves en la reunión 'formal' de jefes y jefas de bancada.
Naturalmente el PAC reclamó que solo se pretenda investigar sus campañas y en su lugar, Víctor Morales Mora habló de hacer una comisión que analice las suyas y las de otros partidos cuestionados, investigados y juzgados.
Actualmente el PLN, PASE y Restauración Nacional tienen procesos judiciales abiertos por supuestas irregularidades durante procesos electorales. El PAC y el Movimiento Libertario fueron llevados a juicio y condenados.
Un punto de discordia entre quienes apoyan la idea de investigar las campañas del partido oficialista es el órgano encargado. Unos optan por dejarlo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, pero al menos 20 quieren la conformación de una comisión especial.
Dos nuevas leyes
Este lunes se aprobaron en segundo debate dos proyectos de ley. En primer lugar se encuentra el expediente 20.530 con el cual se autoriza a la Municipalidad de Liberia a donar un terreno de su propiedad a la Asociación de San Vicente de Paul de Liberia, el cual había sido aprobado de previo por la Asamblea anterior, pero que fue vetado por el Ejecutivo al haber un error en la extensión del terreno a donar.
Tras acoger el veto, subsanar el error y volverlo a discutir, la iniciativa recibió 45 votos a favor y ninguno en contra, por lo que se reenvía a Presidencia para su firma.
La segunda iniciativa aprobada en segundo debate fue el expediente 20.816, el cual reforma la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica para permitirle crear empresas, sociedades, empresas auxiliares académicas y tecnológicas.
Esta iniciativa recibió 46 votos a favor y solo el negativo de José María Villalta del Frente Amplio.
Finalmente, se votó en primer debate el expediente 19.806, con el cual se pretende implementar y mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes en conflictos cuya resolución puede involucrar sistemas jurídicos de países diferentes, evitando la posibilidad de conflictos entre estos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección a favor de dichas personas menores de edad.
De acuerdo a la exposición de motivos, la adhesión a este instrumento internacional es importante por cuanto “expone temas como los de la residencia habitual del niño, resuelve conflictos de competencia nacional e internacional, abarca el tema de la sustracción internacional de la persona menor de edad, expone medidas de protección respecto a los bienes del niño y, además, indica las medidas respectivas de protección en situaciones de urgencia y provisionales. Este convenio también establece el rol de las autoridades centrales en el funcionamiento práctico de este mismo convenio”.
De igual manera destaca que “la aprobación del convenio de La Haya de 1996 por parte de nuestro país, sin lugar a dudas, vendrá a reforzar el marco jurídico que protege a las personas menores de edad; en este caso en particular, a aquellas cuya protección pueda requerir la implementación de medidas de protección por parte de autoridades de sistemas jurídicos de diversos Estados, con lo cual se complementa y fortalece la implementación práctica de los otros convenios de La Haya aprobados por Costa Rica, como lo son, el de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y el de 1993 sobre Cooperación en Materia de Adopción Internacional”.
El convenio recibió 44 votos a favor y ninguno en contra, y será enviado ahora a la Sala Constitucional para su revisión obligatoria, previo al segundo debate.












