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Foto: Finanzas de Japdeva empeoraron durante el 2018, en mayor parte por la huelga.

Gobierno presenta proyecto de ley para recortar la planilla de Japdeva hasta en un 80%

El Poder Ejecutivo presentó este martes a la corriente legislativa un proyecto de ley con el que se oficializa la gravedad de la crisis que atraviesa la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva): se debe reducir la planilla de dicha institución entre 70% y 80%,

La iniciativa ya tiene número: expediente 21.426 y aunque su nombre puede llevar a pensar que se avecinan tiempos favorables para Japdeva ('Ley de modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y protección de sus personas servidoras'), el contenido refleja todo lo contrario.

El proyecto fue firmado y enviado por el segundo vicepresidente de la República (en ejercicio de la presidencia), Marvin Rodríguez Cordero; el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata; la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya; y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola. 

En la exposición de motivos el Gobierno reconoce que Japdeva enfrenta un problema financiero desde hace varios años, pero que se agravó durante el primer trimestre de 2019. Los datos financieros entre 2013 y 2018 arrojan que la institución apenas tenía los ingresos suficientes para sufragar sus gastos de operación, pero registrando anualmente un déficit (a excepción de 2014), el cual cubría echando mano de dineros en cuentas de bancos destinadas originalmente a cubrir eventualidades o reducción de ingresos, pero que no permitirían a la institución mantener operaciones por más de dos meses.

De acuerdo con el Ejecutivo, Japdeva cerró el 2018 con un déficit de ₡3416 millones de colones, de los cuales, la huelga de 30 días provocó un impacto en los ingresos de -2215 millones, mientras sus reservas en cuentas bancarias estaban a diciembre del año pasado en 5922 millones, sin embargo, la errónea estimación de cuánto obtendría la empresa estatal por servicios portuarios después de la entrada en operaciones de APM Terminals agravó aún más las cosas: para este 2019 el presupuesto de Japdeva solo incluía una disminución en sus ingresos por 21,6%, pero la realidad es que han caído en 79,3%.

Asimismo, el Gobierno destacó que el gasto en la partida de remuneraciones es el rubro más significativo en el presupuesto presentado de Japdeva para este año, pues representa un 69,2% de la totalidad de los fondos: ₡34.328 millones, de los cuales, ₡13.291 millones son para el pago de incentivos de la Convención Colectiva, lo que supera en un 33% el gasto de remuneraciones básicas y duplica la totalidad de la partida de servicios.

Hacienda señaló que el rubro en remuneraciones pasó de significar el 48,7% de los gastos de Japdeva en el año 2015 a un 51,8% en 2018 y 69,2% en el año 2019, pero el comparativo con base en los ingresos recibidos, eleva al porcentaje entre un 66% y 71% en el gasto por dicho concepto.

Semanas antes, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, determinó que la institución tendría incapacidad de pagar su planilla a partir de la segunda quincena de mayo, así como de cubrir la totalidad de las obligaciones para la operación regular.

Los cálculos del Gobierno apuntan que dada la disminución en la producción de ingresos corrientes en un -79,3% y ante la generación de apenas un 17% de ingresos del promedio captado mensualmente en 2018, el punto de equilibrio financiero bajo condiciones actuales de Japdeva es de ₡795 millones, y para alcanzarlo se requiere un recorte del 77% de los gastos actuales, especialmente en el rubro que genera mayor egreso: el pago de planilla y beneficios e incentivos relacionados.

El proyecto destaca que actualmente la planilla de Japdeva representa la erogación de 2500 millones de colones en promedio por mes, para 1186 funcionarios en puestos fijos e interinos, pero para lograr la sostenibilidad financiera se requiere reducir la planilla entre 70 y 80%, lo que implica liquidar a unos 948 de sus funcionarios; además de una revisión de los costos operativos y un reenfoque en la habilitación de los servicios prestados, apoyándose en la contratación de servicios externos que pueden constituirse por cooperativas de habitantes de la región y ex trabajadores de la empresa, así como el futuro establecimiento de alianzas público-privadas para la operación.

Finalmente, el Ejecutivo manifestó que a raíz de "la grave situación de sostenibilidad financiera que presenta Japdeva", el Ministerio de Hacienda enviará al Congreso un presupuesto extraordinario para cubrir los gastos indispensables, incluyendo hasta tres meses de operación. Nada más.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto ordena a Japdeva iniciar un proceso de modernización y transformación para asegurar su sostenibilidad financiera y el cumplimiento de sus objetivos, mediante una reorganización administrativa, financiera y operativa. Para ello, deberá elaborar y finalizar un estudio técnico que determine la estructura administrativa adecuada que requerirá para su correcto funcionamiento.

De seguido, el proyecto lanza una advertencia a los actuales funcionarios de la institución: deberán acogerse a alguna de las modalidades ofrecidas en el proyecto o de lo contrario, tres meses después de promulgada la ley, Japdeva tendrá la autorización para despedir a todos aquellos que no sean necesarios para garantizar la continuidad de la institución.

Las opciones que el Ejecutivo ofrece en el proyecto para los funcionarios de Japdeva son tres:

1. Traslados horizontales, donde los trabajadores podrán voluntariamente solicitar su traslado a otra institución de la Administración Central y Descentralizada, como interino o en propiedad. Para ello, a los funcionarios se les exime de la obligación de tener dos años de servicio ininterrumpido en el Estado para acceder al traslado, y sus plazas tampoco tendrán restricciones de uso que hayan sido emitidas por una norma de rango inferior.

Esta opción también establece que a los funcionarios que se trasladen, les serán aplicados los instrumentos y sistemas de gestión de recursos humanos (clasificación de puestos, régimen de empleo y pluses salariales) propios de la institución a la cual sean destinados y si usan esta modalidad, no podrán acceder a las otras dos propuestas.

2. Incentivo adicional por transformación institucional, donde los funcionarios de la institución que opten por renunciar recibirán un incentivo adicional para dedicarse a actividades ajenas al sector público. Para ello, deberán solicitarlo dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley, se le reconocerá la cesantía de forma proporcional a los años laborados con un máximo de 12 años, y se otorgará un incentivo adicional de ocho mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados, para quienes tuviesen un salario bruto mensual inferior al millón de colones; mientras que aquellos funcionarios que tuviesen un salario bruto mensual igual o superior al millón de colones, recibirán un incentivo adicional de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados.

Si los funcionarios optan por renunciar y recibir el incentivo adicional, no podrán acogerse a la última modalidad ofrecida y además tendrán prohibido ocupar cualquier otro cargo en la Administración Pública por hasta 246 días naturales (8 meses).

3. Derecho prejubilatorio, donde los funcionarios de Japdeva que decidan renunciar pero sin aceptar el incentivo adicional tendrán derecho a jubilarse antes de tiempo, con cargo al Presupuesto Nacional. Para esta opción el funcionario debe tener al menos 55 años de edad, tener un mínimo de 25 años cotizados en el régimen IVM de la Caja del Seguro Social o cualquier otro régimen autorizado en el país; haber sido liquidados y no haberse reinsertado laboralmente.

La iniciativa establece que el monto de la jubilación a la que tendrán derecho esos funcionarios será el equivalente al 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores salarios mensuales de sus últimos 5 años laborados, pero de ninguna forma podrá superar el tope que tiene el régimen IVM de la Caja, el cual ronda los 1,5 millones de colones por mes.

Finalmente, el proyecto autoriza a las instituciones del Estado a transferir recursos de superávit libre o específico a Japdeva para cubrir gastos operativos.

Plenario llama la atención de Conare por casos de abuso y acoso sexual

39 diputados aprobaron una moción de la diputada Paola Vega del PAC en la que se hace un llamado de atención al Consejo Nacional de Rectores (Conare) para que tome acciones urgentes e inmediatas ante las denuncias de acoso y abuso sexual dentro de universidades públicas.

La excitativa se da luego que un grupo de estudiantes de la UCR, UNA y TEC declararan "estado de emergencia" por los crecientes casos registrados en esos centros de enseñanza y la ligereza con la que son abordados y resueltos.

Ningún diputado votó en contra.

Ley sobre juguetes bélicos devuelta al Plenario

En otra reñida votación, el Plenario acordó que el expediente 19.613 denominado "Ley que regula la comercialización de los juguetes bélicos, video-juegos con contenido bélico, militar o de violencia, el empleo de lenguaje militar, rangos distintivos, nomenclaturas y símbolos militares, venta y comercialización de ropa o indumentaria militar" sea sacado de conocimiento de la Comisión Plena Primera y se devuelva al recinto principal para conocimiento de los 57 legisladores.

La decisión se tomó luego de una moción de avocación (artículo 175 del Reglamento) presentada por el diputado oficialista Luis Ramón Carranza.

Carranza afirmó que aunque el proyecto es loable, hay que presentar uno que concuerde con los tratados internacionales que ha firmado Costa Rica.

"Todos sabemos la industria que tenemos: vendedores y empresas que producen videojuegos ¿Cómo decirle a la Cruz Roja y a Bomberos que tienen que deshacerse de sus distintivos? No es que estemos en contra, pero el proyecto tiene problemas de orden técnico, conceptual, operativo, contraviene tratados internacionales, la libertad de comercio, no tiene estudios técnicos, clínicos ni referencias. Ese proyecto está mal presentado", dijo a raíz de un discurso de Ivonne Acuña quien se pronunció en contra de la avocación.

Oscar Cascante del PUSC señaló que el comercio no es más importante que la estabilidad mental de los niños y por ello dijo que también se oponía a que el proyecto fuera sacado de la Plena Primera.

Finalmente, la diputada Ana Karine Niño del PLN le dijo al bloque independiente que "nosotros no podemos legislar ni venir a emitir nuestro voto por como se va a ver hacia fuera. Este proyecto tiene problemas constitucionales y de redacción".

Finalmente, 27 diputados votaron a favor de devolver el proyecto a Plenario y 14 se opusieron, por lo que desde ya se augura que el mismo tendrá cambios en su redacción antes de poder continuar en la Asamblea.

¿Qué propone este proyecto?

En aras de proteger a los menores a la exposición de conductas que recrean situaciones de violencia y agresividad, el proyecto en sus doce artículos y tres transitorios propone las siguientes regulaciones:

  1. Exigir etiquetados de advertencia en el producto (75% del tamaño), que informe de los riesgos y efectos dañinos que producen los videojuegos con contenidos violentos. Para efectos de la clasificación, se crea una comisión interinstitucional, además que prohíbe la venta de estos videojuegos a menores sin dicho etiquetado.
  2. Prohibición absoluta de producción y todo tipo de comercialización de juguetes bélicos, creando un concepto de responsabilidad objetiva para el comerciante.
  3. Se prohíbe la venta y comercialización de ropa o indumentaria militar.
  4. Se prohíbe a los funcionarios públicos el uso de lenguaje o distintivos, rangos o nomenclaturas militares.

Junto con estas prohibiciones expresas, el proyecto propone campañas educativas y preventivas sobre juegos y videojuegos; promover una cultura de paz, y la promoción de juguetes que estimulen valores sin el recurso a la violencia. Igualmente, incluye sanciones administrativas para quien incumpla las prohibiciones señaladas.

Proyecto es un desastre en todos los sentidos

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un informe en el que prácticamente desbarata la iniciativa de ley tal y como fue presentada.

Fechado en diciembre de 2015, la asesoría legal de los diputados estimó que el proyecto presenta tantas deficiencias técnicas en tantos órdenes distintos, desde las teóricas o conceptuales, pasando por las operativas, siguiendo por las de técnica legislativa, para desembocar en aspectos de falta de idoneidad de las medidas propuestas, que en criterio de ese departamento en el estado que ha sido presentado no tiene viabilidad jurídica; y más que enmiendas o correcciones puntales, prácticamente debería ser reestructurado totalmente, para constituir en la práctica un proyecto nuevo o totalmente diferente.

"No todo lo que se considera inconveniente puede ser prohibido, no todo puede ser controlado, y más aún, cualquier medida fuertemente restrictiva de la libertad de los individuos debe estar suficientemente justificada; no puede ser una decisión caprichosa o basada nada más que en suposiciones", dice el informe.

No se puede pretender tutelar ciertos valores que la sociedad no comparte. No se puede pretender prohibir ciertas conductas que la sociedad no considera incorrectas. En definitiva, el Estado no debe buscar la felicidad de sus ciudadanos a la fuerza, imponiendo unas convicciones con mayor sabiduría que la de sus mismos conciudadanos que son destinatarios. Actuar de esa manera, es propio de regímenes totalitarios y no de sociedades democráticas que se rigen por un Estado de Derecho.

Entre las medidas cuestionables se encuentra prohibir absolutamente la venta de juguetes bélicos o la obligación de que los videojuegos bélicos tengan un etiquetado que cubra el 75% de su caratula, así como la prohibición total de venderlos a menores de edad.

Servicios Técnicos alertó, por ejemplo, que juegos como el ajedrez, el stratego, el risk, y otros clásicos juegos de mesa, que son reconocidos como potenciadores del desarrollo de la inteligencia, quedarían simplemente prohibidos porque recrean situaciones militares, no se diga ya las tradicionales pistolas de agua, trajes de policía, y sables de “luz” de la saga Stars Wars, y toda su iconografía asociada.

Paul Rueda Leal aspira a la reelección en Sala Constitucional

El magistrado Paul Rueda Leal informó a la Asamblea Legislativa que es de su interés aspirar a la reelección en el cargo como magistrado de la Sala Constitucional para un nuevo periodo de ocho años, por lo que se someterá al procedimiento establecido para ello por la Comisión de Nombramientos.

Rueda es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Francfort del Meno, Alemania y fue electo magistrado en el año 2001.

Anteriormente fue coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia por más de diez años, ocupó los cargos de subdirector de la Escuela Judicial (2000-2002), fue letrado de la Sala Constitucional (2003-2011) e integró la Junta Directiva del Colegio de Abogados (2002-2003) y de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (2004-2005).

Aprobado en primer debate proyecto que asesta golpe millonario a finanzas públicas

El Plenario aprobó casi por unanimidad, en primer debate, el proyecto de Ley del Sistema de Estadística Nacional, el cual le garantiza un financiamiento fijo e independiente de eventuales presiones políticas al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), requisito para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se trata de la iniciativa que como les explicamos ampliamente en el reporte de ayer, se materializa en un golpe a las finanzas públicas puesto que Hacienda dejará de percibir más de 11 mil millones de colones por concepto de Impuesto sobre la Renta pues ahora las aseguradoras podrán incluir como gasto deducible los 34.575 millones de colones que dan al Benemérito Cuerpo de Bomberos por la contribución obligatoria del 4% de las primas de todos los seguros que vendan, así como la nueva contribución de 4321 millones de colones (0,5%) destinada al INEC.

En total, son cerca de 38.896 millones de colones que ya no entrarán dentro de su base imponible y por ende, se materializan en un perjuicio para Hacienda quien, pese a que recaudará más por la nueva contribución, presentará un neto negativo de 7347 millones de colones.

Cabe resaltar que el único que habló este martes sobre el proyecto fue José María Villalta del Frente Amplio, quien el lunes dio una férrea oposición a que esa contribución de 4% fuera deducible, pues nunca lo ha sido y el tema está en litigio ante el Contencioso Administrativo.

El diputado del FA rectificó su manifestación previa en la que dijo que el eventual fallo judicial que beneficiaría a las aseguradoras tendría efectos retroactivos y al final optó por votar positivamente el proyecto por considerar que "es más lo positivo" que lo negativo que trae.

Finalmente, 44 diputados votaron a favor y solamente Welmer Ramos del PAC votó en contra, quien anunció a Delfino.cr que elevará el tema a instancias superiores al cuestionar la conexidad de que en un proyecto destinado a fortalecer el INEC, termine aprobándose un beneficio para las aseguradoras que antes no tenían.

Este proyecto fue votado en primer debate por segunda vez, debido a que fue retrotraído.

TEC podrá crear empresas, sociedades y vender servicios

42 diputados le dieron primer debate al proyecto 20.816 con el cual el Instituto Tecnológico de Costa Rica podrá crear sociedades, empresas, empresas auxiliares académicas y tecnológicas, así como vender vender bienes y servicios ligados a los campos de su actividad académica.

Esta iniciativa presentada por el diputado del PLN por Cartago, Luis Fernando Chacón Monge, permitirá al TEC facilitar y propiciar las alianzas público-privadas en la academia y la generación de conocimiento, así como incentivar y agilizar la creación y funcionamiento de las empresas y sociedades tecnológicas en la institución, también conocidas como Spin-off´s.

De igual forma, el proyecto faculta a esta universidad para crear empresas que transfieran de mejor forma el conocimiento al sector productivo, generando un círculo virtuoso entre el sector privado y la academia, que potencie el crecimiento económico, mejore la competitividad del país y aumente el empleo; y permitirá la venta de servicios a estas sociedades tecnológicas, cuestión que facilitaría la captación de mayores recursos para reinvertirlos en investigación y desarrollo.

Solamente dos diputados votaron en contra: José María Villalta del Frente Amplio y Wálter Muñoz del PIN.

Primer debate a proyecto vetado por el Ejecutivo

45 diputados le dieron primer debate por segunda vez al proyecto 20.530 que aunque había sido aprobado en segundo debate durante el cuatrienio anterior, se convirtió en la primer iniciativa vetada por el presidente Carlos Alvarado, pues los congresistas equivocaron el tamaño del terreno que la Municipalidad de Liberia podría donar a la Asociación de San Vicente de Paul de Liberia.

La idea del proyecto es donar a dicha asociación parte de la finca en la cual se asienta gran parte del Hogar de Ancianos, sin embargo, los diputados autorizaron donar 474 mil metros cuadrados, en lugar de solo 2227 metros cuadrados que es donde se encuentra dicho recinto.

La Comisión de Guanacaste fue la encargada de analizar el veto y acogió las observaciones del Ejecutivo, por lo que la iniciativa tuvo que devolverse a primer debate, votación que recibió 45 respaldos y ninguna objeción.

Dictaminados Eurobonos

La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó este martes por la tarde el expediente 21.201 "Autorización emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito" con el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir eurobonos por hasta 1500 millones de dólares únicamente para un año.

La decisión legislativa devino luego de que se acogiera un nuevo texto sustitutivo firmado por ocho diputados con el cual se modifica la anterior redacción acogida antes de mayo, con la que se autorizaban $2500 millones en eurobonos para dos años: $1300 millones el primero y $1200 el segundo, con 10 condiciones para que el Ejecutivo pudiera hacer la emisión.

El nuevo texto fue aprobado por los nueve diputados presentes en la comisión establece que el propósito de los eurobonos será convertir deuda bonificada interna en externa y/o cancelar deuda externa, y para mejorar las condiciones en términos de plazo y/o tasa de interés efectiva, respecto de la deuda que se estaría cancelando con esos recursos.

Asimismo el Ministerio de Hacienda deberá reportar al Congreso y a la Contraloría General de la República un estado de origen y aplicación de los fondos, señalando expresamente las emisiones de deuda interno y/o externa que se cancelan con los Eurobonos; por su parte, el Banco Central tendrá la obligación de garantizar que las conversiones de moneda que se realizan con esos recursos y, con los créditos de apoyo presupuestario que se negocien con organismos multilaterales de financiamiento, no generen distorsiones en la fijación del tipo de cambio.

El Gobierno planteó inicialmente una autorización de hasta $6000 millones durante los siguientes seis años después de aprobada la ley; siendo el monto máximo a ser colocado por año $1500 millones en los dos primeros años y de $1000 millones en los años restantes, sin embargo los diputados no acogieron su propuesta y en su lugar, en el primer texto sustitutivo se varió la autorización a $2500 millones durante los siguientes dos años; y se redujo aún más este martes al dejarlo solo en $1500 millones para un año.

Tasas de interés y plazos de vencimiento

El Gobierno propuso al Congreso que le fuera autorizado emitir Eurobonos con una tasa de interés no mayor al rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de colocación que se quiere realizar, más 725 puntos base o su equivalente en relación con la moneda de emisión; y con un plazo de vencimiento como mínimo de cinco años.

En su lugar, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos decidieron autorizar una tasa de interés no mayor al rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de colocación que se quiere realizar, más 625 puntos base o su equivalente en relación con la moneda de emisión; con un plazo de vencimiento como mínimo de cinco años.

Obligación de Presupuesto Extraordinario

El Ejecutivo la planteó a la Asamblea Legislativa que cuando fuera a utilizar los Eurobonos para disminuir el monto de deuda interna, disminuiría el monto de la emisión de bonos de deuda interna autorizado en el Presupuesto de la República para el año correspondiente, en el mismo monto en que colocara los Eurobonos, modificación que haría mediante un Decreto Ejecutivo y sin que pudiera modificar el destino de los ingresos sustituidos antes de publicar el decreto correspondiente.

Sin embargo, los diputados modificaron esta disposición de modo que no se le permitirá al Gobierno hacerlo vía Decreto, sino que deberá presentar un Presupuesto Extraordinario en la Asamblea Legislativa.

Solo una condición previa

El anterior texto sustitutivo había incluido diez condiciones que el Ejecutivo debía cumplir para poder emitir los eurobonos, sin embargo, estos fueron eliminados en la nueva redacción, a excepción de la obligación de presentar, antes de la primera emisión, los proyectos de ley conteniendo los contratos de apoyo presupuestario negociados con los organismos financieros multilaterales. 

Entre lo eliminado se encuentra haber demostrado –previa verificación de la Contraloría General– que Hacienda cumplió con las disposiciones de la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como en las modificaciones al régimen de empleo público en lo que a ella le compete; y que la Contraloría validara que Hacienda cumplió con las medidas de ajuste fiscal que presentó en la justificación del proyecto de Eurobonos, en el sentido de que se generaría un rendimiento estimado en 1,09% del PIB para este 2019.

También se quitó la obligación de la Contraloría de validar que Hacienda cumplió con su orden de diseñar e implementar un plan de atención de la evasión, el cual considere lo relativo al Impuesto de Valor Agregado vigente a partir de la publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tome en cuenta acciones estructuradas y sistematizadas que resulten costoeficientes, con metas e indicadores específicos, una periodicidad y que resulten evaluables a fin de plantear distintos escenarios de acción en el control tributario de dicho impuesto.

Además, Hacienda ya no deberá finiquitar el desarrollo de las etapas pendientes del Proyecto Matriz de Riesgos Tributarios de la Dirección General de Tributación como inicialmente se pretendía por este proyecto, aunque sí deberá hacerlo por una orden previa de la Contraloría.

Por otro lado, se eliminó la condición de mejorar la recaudación de impuestos asociados a cánones y derechos de licencia, cumplimiento que también lo verificaría la Contraloría, así como era definir, oficializar e implementar un sistema único y electrónico de información para la recepción y seguimiento de las denuncias sobre ilícitos fiscales y denuncias relacionadas con la actuación incorrecta de funcionarios.

En su lugar, se dejó una redacción genérica en la que se establece que el Gobierno deberá dar cuenta trimestralmente a la Asamblea y a la Contraloría del avance del cumplimiento de las disposiciones del plan fiscal y el cumplimiento de las disposiciones pendientes en los informes de la Contraloría General de la República, relativos a la Administración Tributaria.

Reacción

El socialcristiano Pedro Muñoz, quien votó en contra del anterior texto sustitutivo pero a favor del actual, afirmó que es "absolutamente sano" autorizar solo $1500 millones por un año, dado los antecedentes del hueco fiscal y el desorden en el manejo de las finanzas públicas por parte del Ejecutivo.

"Es absolutamente sano que esta autorización que estamos tramitando sea solo por 1500 millones y solo por un año, para que podamos seguir un control cercano y preciso de lo que está haciendo la Administración Pública. 1500 millones en un año es más conveniente para el país que 2500 millones en dos años", señaló.

Muñoz planteó varias mociones de orden para que fueran convocadas en audiencia las autoridades del Banco Central, Hacienda, Contraloría y Bolsa Nacional de Valores para referirse al proyecto previo a ser dictaminado, sin embargo, todas fueron rechazadas. La verdiblanca Karine Niño planteó la idea de que la ministra Rocío Aguilar sea interpelada en el Plenario durante el trámite de la iniciativa.

Por su parte, Pablo Heriberto Abarca también del PUSC resaltó que el proyecto deja impedida cualquier intención del Gobierno de revivir los eurobonos emitidos durante la administración de Laura Chinchilla, y que los términos en los que está redactado el texto no le permitirá al Gobierno a usar los dineros en lo que le da la gana.

"Yo confío en doña Rocío, pero no confío en el PAC", resaltó Abarca.

La oficialista Paola Vega señaló que la ministra Aguilar les contactó telefónicamente antes de la sesión de la Comisión para hacerles ver que eran necesarios hacer algunos cambios al texto mediante mociones vía artículo 137, antes de las votaciones finales en el Plenario.

Según Vega, entre lo que se solicitó revisar está la obligación al Banco Central de garantizar que no habrá distorsiones importantes en el tipo de cambio por la entrada de los eurobonos y precisar los requisitos exigidos a Hacienda en el artículo 9, en el sentido de permitir al Ejecutivo hacer traslados de partidas vía decreto ejecutivo, sin necesidad de un presupuesto extraordinario.

Asimismo, Hacienda pidió que no se le obligue a presentar los proyectos de ley que incluyan los contratos de préstamo de apoyo presupuestario, debido a los tiempos que puedan extenderse esas negociaciones. En su lugar, Aguilar solicitó que el término usado sea "cartas de autorización de préstamos de apoyo presupuestario".