Los diputados iniciaron esta semana con bastante temas en la agenda, incluyendo el análisis del presupuesto extraordinario del 2018, la polémica construcción en la UNA por $14 millones y el (nuevo) criterio negativo del Poder Judicial al proyecto para unificar los regímenes de pensiones.
Apenas iniciar la sesión de Plenario se juramentó a Gerardo Rubén Alfaro Vargas como magistrado suplente de la Sala Tercera y a Carlos Chaverri Negrini como magistrado suplente de la Sala Primera, ambos por un periodo de cuatro años.
Posteriormente, los diputados rechazaron, por mayoría, una prórroga al plazo del proyecto para autorizar a la Municipalidad de San José para que done un terreno a la Fundación Andrea Jiménez, de modo que el proyecto será archivado este martes por vencimiento de su plazo cuatrienal.
En el espacio de control político, el diputado Pablo Heriberto Abarca (PUSC) llamó a reactivar la Comisión de Turismo de Aventura a raíz de la tragedia acontecida el fin de semana, donde murieron cinco personas en un accidente acuático debido al mal tiempo.
Yorleni León (PLN) y José María Villalta (FA) hicieron referencia a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que reveló un incremento en la pobreza en el último año.
Para la liberacionista, es necesario tomar medidas que saquen a la población de esa condición, pero sin caer en el asistencialismo. Señaló, a modo de crítica, que durante los dos gobiernos PAC se han repartido pescados, pero no cañas de pescar.
Villalta, por su lado, señaló que el "combo fiscal" agravará los indicadores de pobreza, por los impuestos a la canasta básica y el deterioro a destinos específicos para financiar FODESAF y los CEN-CINAI.
Culminada la primera parte, el Plenario procedió a discutir por el fondo el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2018, el cual disminuye la proyección de ingresos por impuestos y aumenta la necesidad de endeudamiento del Estado para financiar sus gastos.
Varios diputados hicieron uso de la palabra hasta llegar a las 6:00 pm., momento en que se levantó la sesión y se pospuso el debate para mañana martes.
De seguido inició la segunda audiencia de Alberto Salom ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, con el anuncio de que se había revocado la adjudicación de las obras por motivos de oportunidad.
Salom dijo que aunque quisiera detener en su totalidad las obras le es imposible hacerlo en el momento jurídico actual, pues la herramienta que tiene a su disposición es la revocatoria de la adjudicación, para así retrotraer el proceso al análisis de ofertas.
Esa ventana de oportunidad tiene como fin real determinar si los planos de la obra necesitan modificaciones adicionales, según recomendaciones que hagan instituciones como Bomberos de Costa Rica, dado que aún no tienen el visado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Este hecho causó desconcierto en los diputados, pues habían entendido que el paro en el proyecto era definitivo, sin embargo, no es así.
Salom sí reconoció que hay una pequeña posibilidad de que las obras sean detenidas en su totalidad, además de que el tema de la necesidad de la remodelación de la plaza y de la construcción de una Casa Estudiantil será sujeta a debate nuevamente entre la comunidad universitaria.
La Corte se opone al régimen único de pensiones
La Corte Plena sentenció este lunes que el proyecto de ley denominado Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica, tramitado en el expediente 20.927, afecta la "organización y funcionamiento" del Poder Judicial y que por ende, se opone a él.
Se trata de una iniciativa que pretende dejar como único régimen de pensiones el de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En total 11 magistrados se pronunciaron en contra del proyecto. Únicamente Román Solís Zelaya de la Sala Primera y Jaime Robleto de la Sala Tercera señalaron que la iniciativa no afecta la organización ni funcionamiento del Poder Judicial, mientras que la Sala Constitucional se abstuvo para la eventualidad de que el proyecto les sea consultado.
Lo relevante acá no es que la Corte haya emitido pronunciamiento en contra, sino que lo haya hecho contradiciendo la jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha delimitado una y otra vez los términos "organización y funcionamiento del Poder Judicial".
La cosa no queda ahí. En dos ocasiones anteriores la Sala IV ha dicho que el tema de pensiones no entra en ninguno de esos dos términos, por lo que la Asamblea no tiene por qué consultarle su parecer a la Corte.
El voto más reciente en ese sentido es de este mismo año, emitido cuando los anteriores diputados consultaron la constitucionalidad del proyecto de reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, sobre el cual la Corte Plena emitió criterio negativo y no fue aprobado con 38 votos.
En ese entonces los magistrados señalaron que "organización y funcionamiento del Poder Judicial" se refiere a su función de impartir justicia y aquellas administrativas que sean esenciales para dar soporte a esa función.
"No puede afirmarse que el régimen de pensiones del Poder Judicial, sea parte del contenido esencial de la independencia judicial o que afecte su estructura y funcionamiento"
"Este Tribunal considera que la materia sobre la que versa el expediente legislativo no se encuentra dentro de los supuestos fijados por el artículo 167 de la Constitución Política y, por ende, no existía la obligación de realizar una consulta a la Corte Suprema de Justicia", dice el fallo 5758-2018.
Y agrega: "Nótese que la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial forma parte de la estructura del Poder Judicial, cuya funciones son típicamente administrativas, sea la administración del citado Fondo, lo que no es subsumible en la exigencia constitucional de modificaciones a la organización y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justica que atañen a su función típica, exclusiva, sea la jurisdiccional y aquellas administrativas esenciales que dan soporte a su función primaria".
La sentencia, inclusive para una persona sin conocimientos de leyes, es clara.
También es claro el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en prohibir a los administradores de justicia aplicar leyes, normas o actos contrarios a la Constitución Política, al derecho internacional o comunitario vigentes en el país, y mucho menos interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Lo anterior es considerado una falta grave según el artículo 192 de la propia Ley Orgánica.
Ahora bien. Así como señalamos a la Corte Plena por emitir criterios contrarios a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no cabe más que también señalar la absurda necesidad de la Asamblea Legislativa de consultarle a la Corte sobre este proyecto.
Lo más desconcertante es que los propios promotores de este proyecto no tengan claros estos aspectos. ¿No tienen el voto 5758-2018 a mano? Se los colocamos en este enlace para que lo lean.
EL DILEMA DE LA SEGUNDA CONSULTA
Otra cosa que los diputados parecieran no haber leído es que no pueden firmar dos consultas de constitucionalidad para un mismo proyecto de ley.
Así lo ha establecido la Sala Constitucional desde el año 2000 y lo reiteró en el 2017 cuando estudiaba el proyecto de Ley de Aguas, que finalmente fue declarado contrario a la Carta Fundamental.
¿Por qué les decimos esto? Porque el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano, anunció que solo le faltaba una firma para las diez que necesita para interponer una consulta de constitucionalidad sobre los aspectos de trámite legislativo que fueron omitidos por Restauración, Frente Amplio e Integración Nacional en la primer consulta.
LEA: Sala IV analizará durante un mes “extraña consulta” de opositores al plan fiscal
Según el diputado, nueve congresistas han firmado la consulta. Si hacemos memoria, 22 diputados votaron en contra del plan fiscal en primer debate y 14 diputados presentaron la primer consulta, ignorando aspectos de procedimiento.
Lo anterior nos deja con solo ocho opositores habilitados para firmar la segunda consulta o bien, que cualquiera de los 35 que lo apoyó en primer debate ponga su firma para reunir las dos que faltan.
La omisión de los opositores al proyecto 20.580 de consultar aspectos de procedimiento legislativo ha causado desconcierto, especialmente porque son los vicios de ese tipo los que la Sala Constitucional declara como vinculantes en su consulta, matando un proyecto de ley en caso de que hayan ocurrido errores relevantes como los que, según los diputados que firmaron la consulta inicial, imperaron durante el trámite del proyecto.
