Esta semana en el Congreso fue calma, a excepción del jueves donde compareció el expresidente Luis Guillermo Solís para explicar el faltante de 600 mil millones de colones en el presupuesto 2018, destinado a pagar bonos de deuda colocados a cortísimo plazo entre noviembre y diciembre del 2017.
Lunes 17 de septiembre
Asistencia a la sesión extraordinaria.
El lunes 17 los diputados sesionaron en dos ocasiones distintas para presentar mociones de reiteración al plan fiscal, es decir, mociones de fondo que fueron rechazadas en la Comisión Especial que estudió el proyecto de ley.
En total, los congresistas presentaron 373 mociones de reiteración, las cuales deben pasar a revisión de la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo. Hasta que no haya una resolución que determine cuáles mociones cumplen los requisitos establecidos en el procedimiento rápido que tiene este proyecto, el mismo no será conocido por el Parlamento.
Quiere decir que, efectivamente, el plan fiscal está congelado pero no por la presión de los huelguistas, sino por un hecho meramente de procedimiento.
Desde ya auguramos que algunas mociones no serán admitidas por parte de la diputada Hidalgo, pues según una comprobación hecha por Barra de Prensa, varias de ellas fueron aprobadas en la Comisión, pero aún así quienes las propusieron las reiteraron en el Pleno, lo que constituye un error de procedimiento.
Asistencia a la sesión ordinaria.
Ese día las distintas fracciones empezaron a señalar la necesidad de "pausar" el plan fiscal, para que Gobierno y sindicatos pudieran sentarse a negociar. El PLN fue el primero en proponer desacelerar el trámite de la iniciativa, a cambio de que los gremios depusieran la huelga.
Restauración Nacional fue por una vía más extrema: devolver el proyecto a Comisión, alegando un vicio de nulidad por la aprobación de la megamoción 700, que eliminó buena parte de las exoneraciones al IVA que habían sido aprobadas previo a la votación de esa proposición, presentada con las firmas de diputados del PAC.
Por su parte, Víctor Morales del PAC vio con buenos ojos la propuesta de PLN de darle una breve pausa al proyecto, sin que ello signifique sacarlo de la corriente legislativa. En el caso de la iniciativa de Restauración, dijo que debía estudiarla a profundidad, pues no entendía el “incidente de nulidad” que querían alegar.
Finalmente, ese día se votó una moción de respaldo absoluto a la labor de la Fuerza Pública, oponiéndose únicamente José María Villalta y Wálter Muñoz del Frente Amplio.
Lea la crónica completa de esta jornada en: Plan fiscal entra en standby (pero no por la huelga) y Fuerza Pública recibe voto de apoyo
Martes 18 de septiembre
El martes se suscitó el momento en el que la diputada Ana Karine Niño le pidió a sus colegas congresistas dejar de divulgar información falsa sobre el plan fiscal afirmando que "por nosotros este país se puede ir a la mierda".
El momento irreverente fue ampliamente divulgado en redes sociales, llegando a medio millón de visualizaciones en menos de 24 horas, y Niño instó a hacer un debate público y sano entre quienes defienden la reforma y la adversan, tal y como se dio cobertura en la campaña electoral.
https://twitter.com/barradeprensa/status/1042172962076536833?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1042172962076536833%7Ctwgr%5E373939313b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fdelfino.cr%2F2018%2F09%2Fpor-nosotros-este-pais-se-puede-ir-a-la-mierda%2F
Ese mismo día se presentó la congoja del año, cuando el puntarenense Mélvin Nuñez dejó demostrado que desconoce, a cuatro meses de haber entrado al cargo, la diferencia entre hablar "por el orden" y hablar por control político.
El restaurador pretendía usar un espacio de 2 minutos destinado a llamar la atención sobre el orden de la sesión, para reclamar por la "garroteada" que el lunes por la noche la Fuerza Pública le dio a algunos manifestantes en Barranca.
Sin embargo, Carolina Hidalgo, presidenta legislativa le interrumpió y le dijo que no era una intervención por el orden, a lo que él dijo que entonces iba a hablar del plan fiscal, o de la moción de apoyo a la Fuerza Pública...
Calmadas las aguas, los diputados le dieron lectura final y admisibilidad a la reforma constitucional del artículo 51 para garantizar la protección especial del Estado a las personas con discapacidad, la cual ahora pasará a ser estudiada por una Comisión Especial conformada específicamente para ese proyecto.
Posteriormente se votó en primer debate el expediente 19.969, que pretende reconocer la existencia del criollo limonense, enaltecer la historia e identidad cultural que nos identifica, estableciendo el Día para la Celebración de la Lengua Criolla Limonense, los 30 de agosto de cada año e instando a instituciones educativas públicas, privadas, al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Cultura y Juventud a promover actividades que contribuyan con el reconocimiento y la importancia cultural de la lengua criolla limonense.
El segundo proyecto aprobado fue el 19.693, con el que se pretende dotar a la Municipalidad de San Pablo de Heredia de un instrumento legal, ajustado a la realidad del cantón, que le permita lograr una adecuada y justa recaudación del impuesto de patentes dentro de su jurisdicción.
Lea la crónica completa en “Por nosotros este país se puede ir a la mierda”
Miércoles 19 de septiembre
El protagonista del miércoles fue Gustavo Viales, diputado del PLN, quien anunció al Pleno que había denunciado al ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, por presunto conflicto de intereses ante la Procuraduría de la Ética, al defender una partida presupuestaria del 2019 con la que se le pagaría a una empresa propiedad de su prima-hermana, para el monitoreo de medios de prensa.
Viales acusó que la administración de Luis Guillermo Solís (primer contratante de la empresa COES Comunicaciones S.A. el 23 de noviembre de 2016) prorrogó el contrato hasta el 31 de agosto de 2018, a tan solo horas de pasarle el Gobierno a Carlos Alvarado y momento para el cual ya se sabía que Mendoza sería la cabeza de la cartera de Comunicación.
Asimismo, señaló que durante la actual administración el contrato se prorrogó durante dos meses más, por lo que Mendoza pudo haber incurrido en una falta al deber de probidad debido a que la fiscalización, administración y recibo a satisfacción de los servicios que brinda la empresa debe emitirlos la Dirección de Información y Comunicación de Casa Presidencial, sobre la cual él ejerce la jefatura inmediata y directa.
Sin embargo, Zapote reaccionó rápidamente y dijo que Mendoza había consultado a la Contraloría si tenía algún tipo de impedimento o prohibición sobre este tema, y le respondieron que no, aunque debía velar por el cumplimiento del deber de probidad.
El problema para el ministro podría estar en que cuando en la Comisión de Hacendarios defendió la partida en cuestión para pagar el contrato a la empresa de su prima-hermana, no mencionó ese aspecto.
https://www.youtube.com/watch?v=wMPhP-NAZ4w
Lea la crónica completa de esta jornada en: Gustavo Viales denuncia al ministro de Comunicación ante la PEP
Jueves 20 de septiembre
El jueves se dio el tan esperado interrogatorio a Luis Guillermo Solís por el faltante de 600 mil millones de colones para el pago de deuda a cortísimo plazo que fue adquirida por Costa Rica entre noviembre y diciembre del 2017.
Aunque la idea de un interrogatorio es hacer preguntas concretas sobre el tema de interés y obtener respuestas útiles para esclarecer los hechos, ni los diputados ni Solís pusieron de su parte.
Preguntas ajenas al tema, ataques personal, un expresidente apegado al guión previamente redactado y los problemas técnicos fueron lo presente durante las 5 horas en que los legisladores estuvieron en la Comisión, sesionando en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República.
Al final lo único sobre el tema que salió a la luz es que Solís afirmó desconocer de ese faltante multimillonario y en su lugar, cambió la narrativa al señalar que el mismo venía desde hace mucho tiempo, solo que estalló a finales de su administración.
La cosa se puso más fea cuando en media sesión, los diputados Jonathan Prendas y Franggi Nicolás dijeron que a pesar de la poca colaboración del expresidente, ya tenían adelantado un informe final que muy posiblemente llevaría acusaciones hasta el Ministerio Público.
Naturalmente ese anuncio causó malestar en el presidente y en Paola Vega del PAC, quienes señalaron lo irónico que era el haber insistido tanto en una audiencia como esta, para que al final se hubiese tenido un informe final redactado sin escuchar a uno de los actores clave.
El Plenario no trabajó porque los sistema de la Asamblea tuvieron una sobrecarga: la red Internet colapsó, igual que la página web, por lo que no se pudo publicar la agenda del Plenario del jueves ni el acta de la sesión del miércoles, requisitos indispensables para poder laborar con normalidad.
Únicamente se pasó lista y se aprobó una moción para levantar la sesión.
Lea la crónica completa de esta jornada en: Solís cambia la narrativa del “faltante presupuestario”
