Gustavo Viales puso en aprietos al ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, tras presentar una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en su contra, alegando un posible conflicto de intereses porque Casa Presidencial contrató (y prorrogó) los servicios de una empresa de monitoreo de medios de comunicación, donde figura como propietaria la prima-hermana del jerarca.
Ante el Plenario de la Asamblea, Viales acusó que la administración de Luis Guillermo Solís (primer contratante de la empresa COES Comunicaciones S.A. el 23 de noviembre de 2016) prorrogó el contrato hasta el 31 de agosto de 2018, a tan solo horas de pasarle el Gobierno a Carlos Alvarado, momento para el cual ya se sabía que Mendoza sería la cabeza de la cartera de Comunicación.
Asimismo, denunció que durante la actual administración, el contrato se prorrogó durante dos meses más, por lo que Mendoza pudo haber incurrido en una falta al deber de probidad debido a que la fiscalización, administración y recibo a satisfacción de los servicios que brinda la empresa debe emitirlos la Dirección de Información y Comunicación de Casa Presidencial, sobre la cual él ejerce la jefatura inmediata y directa.
El verdiblanco reprochó que Mendoza defendiera en la Comisión de Hacendarios, "con mucha vehemencia" ante las preguntas de dos diputados, una partida contenida en el plan de Presupuesto 2019 del Ministerio de Comunicación, superior a los 8 millones de colones y destinada al pago de "monitoreo de medios de comunicación".
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Según se pudo ver en el vídeo de la audiencia de ese día, Mendoza señala que el gasto es necesario porque de lo contrario tendrían que tener a todos los funcionarios del Ministerio de Comunicación monitoreando todas las emisoras de radio, televisión y redes sociales, para ver qué se dice de la acción gubernamental.
Dado que eso era imposible y podría hasta salirles más caros, dijo que era necesario contratar a una empresa especializada que lo hiciera y ante la pregunta de si había compañías que hicieran ese trabajo respondió: "Lo hace una sola empresa". "¿Cuál lo hace?", preguntó la diputada Silvia Hernández del PLN: "COES Comunicaciones", respondió el ministro.
El inconveniente para Mendoza no es legal, porque el 6 de junio del 2018 preguntó a la Contraloría General de la República si tenía algún tipo de incompatibilidad o prohibición dado que la empresa es propiedad de su prima-hermana Rebeca Knohr Mendoza (cuarto grado de consanguinidad) y la institución le respondió el 17 de julio que no había ninguna, aunque debía respetar el deber de probidad consagrado en la ley.
El problema pareciera ser ético y moral porque a sabiendas de que el dato de que la empresa en cuestión, única que hace el trabajo que Presidencia está contratando, es propiedad de una familiar, obvió reconocerlo ante los diputados de la Comisión de Hacendarios.
Casa Presidencial reaccionó rápidamente y tras señalar que la contratación inicialmente la hizo la administración Solís Rivera, dijo que solo hizo una prórroga de dos meses para poder ganar tiempo y sacar una nueva licitación abierta y pública donde pueda haber oferentes para ese servicio específico.
La prórroga no la firmó Mendoza, sino su jefe de despacho, Alex Astorga Monge.
Zapote también negó las acusaciones de Viales de que los documentos de los oferentes eran confidenciales, afirmando que los mismos podían ser consultados por cualquiera en el sitio web del SICOP. Sin embargo, el legislador mostró un pantallazo que demuestra que sí aparecían como secretos.
Según una verificación que hizo Delfino.cr, durante la noche del miércoles en el SICOP los documentos presentados por la empresa podían ser consultados, sin embargo, la prueba de Viales subida a Twitter muestra sin lugar a dudas de que en un determinado momento eran confidenciales.
La pelota le queda ahora a la Procuraduría de la Ética Pública, quien tanto ha criticado Liberación Nacional por su papel en la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por su papel en el cementazo.
¿QUÉ PASÓ AHI?
Luego de que el diputado Oscar Cascante (PUSC, Puntarenas) despotricara fuertemente contra la Policía por el uso de la fuerza para eliminar un bloqueo en la vía a la altura del plantel de RECOPE en Barranca, Pedro Muñoz intervino para hacer una "aclaración" de lo sucedido.
Hay que recordar que fue el PUSC el que planteó la moción en el Plenario para que la Asamblea diera un "voto de apoyo absoluto" a la labor de la Fuerza Pública en el marco de la huelga indefinida que sostienen los sindicatos, pero Cascante no estuvo a la hora de votarla. Al día siguiente, dijo que no se arrepentía de no haberla votado, que lo ocurrido era inaceptable y que el responsable debía rendir cuentas ante los diputados.
"La denuncia que hizo el compañero (Cascante) era valiente, oportuna, sensata y las explicaciones que conseguí son las siguientes: hay un protocolo que siempre se sigue y se siguió en esa ocasión, donde la Policía se comunica con los dirigentes y pide que abran el paso, se les informa que si no se abre se va a utilizar la fuerza. También se anuncia eso por los parlantes, de forma tal que todos los que están participando en el movimiento lo sepan", expuso Muñoz ante el resto de diputados, citando explicaciones brindadas por Agustín Castro, viceministro de la Presidencia.
Sin embargo, a Cascante no le cayeron nada bien las declaraciones de su compañero de bancada.
"No me convence su explicación, compañero Muñoz, porque no es (usted) la persona que ahí estaba. Yo quisiera más bien ser más enfático en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que se mocione y se mande a llamar a la persona que lideró el operativo. Insto para que mandemos a llamar a la persona, no al ministro, pero sí a la persona que organizó el operativo de forma brutal", agregó el porteño.
EL FRAUDE DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL
Carlos Ricardo Benavides, jefe de Liberación Nacional, señaló que en los próximos días presentará un proyecto de ley para reformar el Código de Trabajo, con el propósito de que los juzgados de trabajo sean más expeditos a la hora de declarar la legalidad o ilegalidad de una huelga.
Benavides calificó de "sencillamente un fraude a los costarricenses" el que el Código Procesal Laboral, promulgado en la anterior administración, prolongara de forma indeseable la decisión del juez sobre si un movimiento se apega a la ley o no.
"Eso maltrata la seguridad jurídica de quienes van a la huelga, de quienes están en Gobierno, pero especialmente, es injusta contra el ciudadano costarricense que necesita tener claridad con respecto a si la falta de servicio que está padeciendo es o no es legal", señaló visiblemente molesto.
Aunque una treintena de instituciones solicitó la declaratoria de ilegalidad de la huelga desde los primeros días del movimiento, ningún juzgado ha emitido resolución todavía. El proceso podría tardarse entre 15 días o más.
BREVES
- Wálter Muñoz, diputado del PIN, reiteró la necesidad de que se entable una mesa de trabajo multisectorial sobre el plan fiscal en el Castillo Azul del Congreso, echando mano de la "pausa" en el proyecto que está en proceso mientras se define la admisibilidad de las mociones de reiteración.
- Dragos Dolanescu del PRSC la emprendió contra el ministro Edgar Mora Altamirano y afirmó que se montón un show para secuestrar la Antorcha de la Independencia, aunque luego fue expuesto por los alcaldes de Occidente, quienes afirmaron que tal medida no era necesaria. Su intervención fue intensamente aplaudida desde las barras.
- José María Villalta dijo que la Asamblea Legislativa no debe torpedear la mesa de diálogo entre Gobierno y sindicatos y que parte del conflicto que vive Costa Rica es culpa del Congreso, por no haber recibido en audiencia en el trámite de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a ninguno de los sectores que resultarán directamente impactados en caso de su aprobación.
- El tema de los discursos de control político abusando de la palabra "por el orden" siguió este miércoles, luego de que Mélvin Nuñez y Carlos Avendaño, ambos de Restauración Nacional, reclamaran que la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo no había callado antes a otros diputados que mal utilizaban ese mecanismo.
Hidalgo señaló que es necesario que haya más disciplina por parte de los legisladores y negó cualquier tipo de acción deliberada con el propósito de silenciar únicamente a Nuñez, quien no pudo el martes reprochar los eventos sucedidos en Barranca. - El expresidente Luis Guillermo Solís comparecerá ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público este jueves a partir de las 9 a.m. Se espera tanta afluencia de prensa que el interrogatorio se hará en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República.
