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Editorial

Mientras escribía este editorial, la noche del sábado, recibí una carta dirigida a Carolina Hidalgo, la presidenta de la Asamblea Legislativa. La misiva, firmada por 10 magistrados, modificó por completo la dirección de este texto. La hemos publicado en este enlace. Puede leerla ya mismo si lo desea. Si quiere saber cómo llegamos a este punto, cómo interpretar el documento y qué sigue para el Poder Judicial, el Congreso y el país, le invito a continuar la lectura de este Repaso Dominical.

— Desde el estallido de El Cementazo la Corte supo aquietar las aguas con no 1, ni 2, ni 3, sino 4 bombazos seguidos: suspendió a Jorge Chavarría, suspendió a Celso Gamboa, nombró a Emilia Navas... y, finalmente, solicitó la revocatoria del nombramiento de Celso Gamboa.

— En medio de una crisis de primer orden como aquella tales decisiones desde lo alto del Poder Judicial respondieron a la indignación de la ciudadanía con la contundencia —y el mínimo de decencia— esperada. Paralelamente los magistrados anunciaron su compromiso con finalmente encaminar las necesarias —y urgentes— reformas que requiere el Poder Judicial. De pronto, vientos de esperanza, transparencia, rendición de cuentas, celeridad y eficiencia empezaron a asomarse por la Corte...

— Con el paso del tiempo el circo electoral dejó el tema del cemento en un segundo plano y de pronto el país decidió que celebraría una especie de referendo para decidir —nada menos— si desconocía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no. No podemos olvidar que si de algo nos sirvieron las pasadas votaciones fue para darnos cuenta de que no importa cuánto hayamos ganado siempre, siempre, podemos perderlo. ¡Incluso cuando hablamos de Derechos Humanos!

—Sin ir muy lejos: nos estamos dando el lujo de plantearnos —a puro gusto—  acumular la más vergonzosa jurisprudencia de Latinoamérica precisamente en materia de Derechos Humanos. Ya fuimos condenados en el caso de la fertilización in vitro y ahora pareciera que, como nación, estamos dispuestos a hacer todo lo posible por ganarnos dos condenas más: aborto terapéutico y matrimonio igualitario. ¿Somos o no somos un Estado de Derecho? ¿Entendemos o no entendemos lo que implica caminar de lleno hacia el Siglo XXI?

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— Los desafíos para abandonar el subdesarrollo son muchos y seguimos adormecidos, esperando un Brasil 2014 en plena Rusia 2018. Todo esto mientras hablamos de “las tradiciones” y “la moral” como si a las familias de Turrialba y Limón esta mañana les estuviera haciendo una diferencia quién se ofende o no por la Marcha de la Diversidad.

— Lo que les hace la diferencia es una Comisión Nacional de Emergencia robusta, no una entidad que funcionó quién sabe por cuánto tiempo como caja chica para varios de los implicados en el mismo caso de El Cementazo. Porque esa discusión parece que ya la olvidamos. Lástima que los diputados nunca nos escucharon y nos privaron del testimonio de Vanessa Rosales... mucho tenía ella que decir sobre los tentaculos del “pulpito”. Mucho tenían muchas otras personas más que decir, también. ¿O es que en serio pensamos que ya El Cementazo pasó?

— Esa —la del “despiste tico”— y no otra tiene que ser la carta que se jugaron los magistrados de la Corte esta semana cuando, después de aquellos cuatro aciertos en fila... decidieron abofetear al país entero entregando un llamado de atención escrito a la Sala Tercera por la más penosa desestimación de la que tengamos recuento en la historia reciente.

— El enojo dentro y fuera del Poder Judicial no se hizo esperar: “Magistrados: este país ha perdido el respeto por el Poder Judicial. Costa Rica tiene vergüenza de su magistratura. ¡Por favor renuncien! Ustedes se van a sus casas con una pensión… nosotros nos quedamos recogiendo los pedazos” escribió Rosaura Chinchilla en La Nación.

— Las palabras de Walter Antillón en Delfino.CR son igualmente contundentes: “Hoy estamos ante la enésima expresión de la crisis profunda que sacude nuestra Corte Suprema: una minoría no menos vergonzante que perversa, en un acto de exquisita complicidad, ha hecho posible que aquel ilícito de toda una Sala resulte penado con amonestación; con lo cual ha propinado, a la vez que votaba aquel adefesio, una alevosa y gigantesca bofetada en el rostro del Pueblo costarricense”.

— A estas —y otros tantas— expresiones de reproche, reclamo y rechazo hay que sumar, por supuesto,  el comunicado del Foro de la Justicia y el manifiesto de más de 200 jueces que también publicamos en Delfino.CR. ¿Cómo no vieron venir semejante respuesta los 22 magistrados? La pregunta, no está de más. ¿A tal grado puede llegar la cobardía o el clientelismo o la ignorancia o la arrogancia de los 10 que se jugaron el todo por el todo con tal de proteger al presidente del Poder Judicial?

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— El cálculo político de la maniobra, lo hemos dicho ya, no sumará mayores réditos. Y ahí es donde preocupa el delirio de grandeza para el que se presta la magistratura. ¿Realmente pensaron los magistrados de la Sala III que bastaría con quemar a Gamboa? ¿De verdad imaginaron que el pueblo iba a olvidar? Don Carlos Chinchilla sabe perfectamente bien que la única opción decente en este momento es la renuncia. Especialmente ahora, que las cosas se le han puesto cuesta arriba.

— ¿Por qué? Porque no solo ha perdido el respeto del Poder Judicial, la ciudadanía y el Congreso —el control político esta semana será histórico: veremos por primera vez a todos los partidos en causa común—... también el de sus compañeros. Que 10 magistrados estén dispuestos a “vender” a otros 12 habla de la seria problemática que hay en la Corte y de hasta dónde llegó el cinismo de Chinchilla y compañía. Quisimos pensar, inocentemente, que el problema era Gamboa, ahora sabemos que iba más allá. Mucho más allá.

— Ya el propio Celso había dicho que no pensaba caer solo, dirigiendo palabras de poco aprecio hacia la dirección de Chinchilla. Parece que el tiempo le terminará por dar la razón. Pretender que 22 magistrados paguen con su reputación y su prestigio una torta ajena fue llevar las cosas demasiado lejos...

— Muchos juristas de muy alto nivel han señalado todas las carencias y los vicios del procedimiento con el que actualmente se conocen causas administrativa como la que desató esta tormenta. Pero hasta hoy, ningún magistrado había alzado la voz con claridad y contundencia. Tal cual: hasta hoy, que 10 de ellos han firmado una carta conjunta. Y eso marca un antes y un después para ellas y para ellos. Pero sobre todo, para la Corte.

— La carta está dirigida a la presidenta del Congreso proponiéndole que presente a sus compañeros diputados un proyecto de reforma para el artículo 165 de la Constitución Política, a fin de que las votaciones en las causas administrativas de los magistrados sea públicas y se resuelvan por mayoría simple.

— “Está claro que, en el contexto actual, la norma constitucional mencionada se encuentra desfasada y requiere de una modificación para ajustarse a los requerimientos modernos de transparencia y rendición de cuentas, principios propios de un sistema democrático”.

— Transparencia y rendición de cuentas: dos de los caminos más importantes para combatir la corrupción. 10 magistrados lo tienen claro y alzan la voz para que el Congreso ponga a caminar la reformas del caso...

— Sus nombres, para la historia, son: William Molinari Vílchez, Sala I (propietario); Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Sala I (propietario); Román Solís Zelaya, Sala I (propietario); Julia Varela Araya, Sala II (propietaria); Marcela Allón Zúñiga, Sala II (suplente); Héctor Blanco González, Sala II (suplente); Nancy Hernández López, Sala Constitucional (propietaria), Paul E. Rueda Leal, Sala Constitucional, (propietario); Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Sala Constitucional (suplente) y Ana María Picado Brenes, Sala Constitucional (suplente).

— A ellos, nuestro reconocimiento, porque en la vida y en la función pública no basta con ser decente, también hay que ser valiente y consecuente. Reconocer las carencias dentro de un proceso diseñado para protegerles y solicitar a los legisladores tomar las medidas del caso para que una situación como esta no vuelva a suceder deja claro que estos​ diez magistrados sí recuerdan el juramento que hicieron cuando fueron nombrados en la Asamblea Legislativa.

— Bien por ellos y bien por Costa Rica, que poco a poco camina hacia un futuro en el que un fiscal general de la República no tenga el descaro de preguntar ¿qué es corrupción? Diputados: la pelota está en su cancha.

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— Bonus track: En Delfino.CR también tenemos clara la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas así que —casualmente— interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra las normas del Reglamento de la Asamblea Legislativa que impiden a la ciudadanía conocer la forma en la que votan los diputados los procesos disciplinarios contra miembros de los supremos poderes. Se tramita en el expediente 18-010546-0007-CO y estamos a la espera de que se le dé admisibilidad en la Sala Constitucional.

— Hidden track: La ciudadanía no debe de olvidar que la Asamblea Legislativa tiene pendientes de realizar, en total, 15 nombramientos de magistrados propietarios y suplentes de todas las salas de la Corte Suprema de Justicia. Más detalles en Barra de Prensa (sección exclusiva para suscriptores de D+).