Zapote alegó preocupación por participación de la diputada en Comisión de Ciencia y Tecnología

La Presidencia de la República confirmó haber realizado gestiones para consultar si la diputada Vanessa de Paul Castro Mora de la Unidad Social Cristiana tenía contratos con empresas privadas al sector de telecomunicaciones.

A través de una contestación dada por Zapote a diversos medios de prensa, el gobierno señaló que "únicamente pregunto (sic.) si era cierto que una legisladora mantenía contratos remunerados con empresas privadas":

Si bien el Gobierno preguntó sobre su legitima preocupación por el conflicto que existe entre ser legisladora y asesora de empresas privadas de comunicación, el Gobierno no tiene ni tuvo injerencia alguna en las decisiones que tomen empresas privadas sobre contrataciones de servicios profesionales, incluyendo en este caso de la diputada.

Obviamente es preocupante que una diputada pueda beneficiarse de las discusiones y votaciones legislativas en materia de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, fijación de cánones por frecuencias estatales, entre otros. La diputada Castro era presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y también de la de Ciencia y Tecnología (sic.) El potencial o real conflicto de intereses es obvio. Así como el potencial daño a las políticas públicas y legislación sobre temas sensibles.

Aunque en su contestación Presidencia señaló que la diputada socialcristiana preside la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación esta afirmación es falsa, por cuanto dicho foro ha sido encabezado por el liberacionista José Joaquín Hernández durante las dos primeras legislaturas y además, Castro renunció a formar parte de esa comisión en el año 2022 y se reintegró un año después.

En declaraciones recogidas por La Nación la diputada señaló que ni en la Comisión de Económicos ni en la de Ciencia y Tecnología se han conocido proyectos de ley en materia de espectro radioeléctrico, por lo que no veía justificación en los actos de Presidencia en su contra.

Castro reveló el fin de semana anterior haber sido cesada de una empresa privada tras la intervención del presidente Chaves y con intermediación del embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca. Aunque se ha negado a señalar la empresa que la "despidió", documentos publicados en el sitio web de la Superintendencia de Telecomunicaciones señalan que era asesora legal de Repretel, empresa que forma parte del conglomerado mexicano Albavisión.