La reciente determinación de trasladar las operaciones de vuelos no regulares (charter) del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría al Tobías Bolaños Palma en Pavas, se presenta como un despropósito evidente, un desacierto estratégico que plantea serias preocupaciones sobre la planificación y el impacto en el desarrollo del sector aeronáutico costarricense y que merece una cuidadosa reflexión.
Uno de los pilares fundamentales que sustentan el valor del sistema aeroportuario nacional es la capacidad de los operadores —empresas de aviación— para facilitar la conexión fluida de pasajeros provenientes de la red de aeródromos locales, con sus conexiones internacionales. En términos simples, la eficiencia de permitir que un turista aterrice en el Aeropuerto Santamaría y, con apenas 50 metros de caminata, aborde un avión más pequeño que lo llevará directamente a cualquiera de los paraísos que nuestro país ofrece, se entiende por exterminada con la directriz anunciada.
Con esta medida, aquellos pasajeros que requieran conexiones domésticas e internacionales se verán obligados a desplazarse aproximadamente 17 kilómetros en vehículo. En un contexto donde los problemas de movilidad urbana son notorios, el trayecto podría fácilmente traducirse en una hora de tránsito o más en carretera. Así, tenemos que esta decisión se constituye, indiscutiblemente, en uno de los peores ejemplos de "intermodalidad", y es que, ante la flagrante falta de conexión sinérgica entre el transporte aéreo y otros medios, como el terrestre (automovilístico y ferroviario), marítimo y fluvial, no se puede argumentar en este caso, una versión tropicalizada de la tendencia global sobre las “airport cities” o de integración de los diferentes nodos de transporte. Es que la intermodalidad busca optimizar la movilidad y la logística, permitiendo una transición fluida entre los diferentes medios de transporte. En el caso específico de un aeropuerto, esto implica la capacidad de conectar eficientemente las operaciones aéreas con otros sistemas de transporte, garantizando una transición suave para los pasajeros y la carga en su viaje desde o hacia el aeropuerto.
Resulta evidente que la intención de esta medida es cualquier cosa menos promover y dinamizar el sector, la capacidad superada del principal aeropuerto internacional del país no justifica de ninguna manera afectar de manera negativa el desarrollo de la industria y las pequeñas empresas nacionales que ya enfrentan desafíos generados por el mercado, pero, sobre todo, por las decisiones y excesivas de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Surgen preguntas cruciales que, hasta ahora, carecen de respuestas satisfactorias: ¿Cómo se preparó la autoridad para afrontar la temporada alta? ¿Hubo un diseño adecuado de flujos? ¿Se mantuvo un diálogo efectivo o negociación con los operadores? ¿Qué hay sobre la prognosis del tráfico y el estudio de la demanda? La semana pasada vimos cómo las autoridades compartían con orgullo que, en 2023, se rompieron cifras récord por entradas y salidas de personas a través del aeropuerto alajuelense; es imperativo cuestionar si se evaluaron correctamente las implicaciones de esos "récords". A ver, no me malentiendan: enhorabuena tantas personas quieren visitarnos, pero ¿cómo les estamos atendiendo en términos de facilitación, seguridad e infraestructura?
Podría argumentarse que este cambio será el impulso que el Tobías Bolaños necesita para revivir luego de años en el olvido. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los pasajeros que optan por operadores de vuelos no regulares, buscan conexiones internacionales casi de inmediato. Si bien Pavas requiere fortalecimiento, este debería ser planificado y estructurado, no forzado ni improvisado como es el caso. La verdadera pregunta que subyace es: ¿Cuándo se comprenderá la aviación como un motor crucial para el desarrollo económico y social de Costa Rica? La actual regulación aeronáutica nacional, que más que regular, restringe el potencial de la industria, exige una revisión integral. Es imperativo replantearle desde la arquitectura de una política aérea eficiente, económicamente sostenible, transparente, innovadora y ambientalmente responsable, que supere con holgura las exigencias tanto nacionales como supranacionales.
Reconocer la urgencia patente de robustecer el sistema de seguridad operacional, la facilitación, la infraestructura y la seguridad es esencial. Solo así podremos garantizar un crecimiento sostenido de la industria, la confianza de los operadores y el continuo interés de las personas en visitarnos. Es el momento de actuar con prudencia y visión a largo plazo para preservar el progreso y el bienestar de nuestra nación a través de la aviación.
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