Se detectaron pagos incorrectos por anualidad, dedicación exclusiva, carrera profesional, prohibición y otros
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) llevar a cabo una serie de cambios en la forma en que paga incentivos salariales y sobresueldos, tras detectar mediante una auditoría especial que el pago de estos se ha estado llevando a cabo sin cumplir con las disposiciones de la Ley 9635.
Mediante el informe DFOE-SOS-IAD-00001-2024 emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa se analizó el pago de incentivos o sobresueldos por antigüedad, dedicación exclusiva, carrera profesional, prohibición, notariado, sobresueldos para profesionales en salud y las dietas, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023, ampliándose en relación con el sobresueldo de carrera profesional y anualidades.
De acuerdo con los resultados de la auditoría el ICE continúa reconociendo años de servicio a sus trabajadores mediante el factor de experiencia profesional dentro de la carrera profesional, a pesar de las limitaciones que estableció sobre ese tema la Ley 9635, ocasionando sumas pagadas de más a lo largo de cuatro años, a 2863 funcionarios, que ascienden a 1171 millones de colones.
Asimismo la auditoría detectó pagos incorrectos por concepto de dedicación exclusiva pues aunque el instituto sí reconoce el porcentaje según el grado académico de sus funcionarios, 2772 contratos de dedicación exclusiva carecen de plazo de finalización, pese a que la ley en cuestión dispuso plazos de finalización de entre 1 a 5 años. En otros 43 contratos no se identificó fecha de inicio y para el único caso en el cual se otorgó la dedicación exclusiva después de la entrada en vigencia de la ley 9635 no se suscribió el contrato correspondiente.
El ICE argumentó a través de un oficio que los contratos suscritos antes del 4 de diciembre de 2018, fecha de entrada en vigencia del Título III de la Ley 9635, deben mantener el plazo indefinido según el transitorio XXVI de dicha ley. Sin embargo, la Contraloría objetó tal conclusión citando criterios de la Procuraduría General de la República que señalan que un régimen perpetuo de dedicación exclusiva es injustificado y contrario a la legislación.
Adicionalmente la auditoría detectó problemas en el proceso de nominalización de incentivos y sobresueldos pues mientras que el ICE nominalizó sin que debiera haberlo hecho el plus de prohibición y dedicación exclusiva a cuatro funcionarios, no nominalizó, cuando sí debió hacerlo, los pluses de dedicación consulta externa, bonificación adicional y complemento del 15% a profesionales en enfermería para los profesionales en salud.
Según el informe, la falta de aplicación de estas normativas ha llevado a que entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023 se paguen sumas indebidas a los profesionales en salud y notarios institucionales por un monto de al menos 2,02 millones de colones.
Finalmente la auditoría señaló inconsistencias en la forma en el que el ICE otorga anualidades, porque aunque si bien se constó la existencia de evaluaciones de desempeño requeridas para otorgar ese incentivo, se encontraron inconsistencias en la forma de calcular su pago, lo que pone en duda la precisión de los montos pagados por ese concepto.
El ente contralor ordenó a la División de Talento Humano ajustar la normativa interna, el módulo de planillas y el Sistema de Información de Personal para eliminar el factor de experiencia profesional en el reconocimiento y pago de puntos de carrera profesional, conforme al artículo 40 de la Ley 2166; y certificar estos ajustes antes del 29 de febrero de 2024.
Asimismo se le ordenó adoptar el cálculo en términos nominales fijos para todos los incentivos y compensaciones salariales actualmente reconocidos de forma porcentual, excepto prohibición y dedicación exclusiva, certificar estos acuerdos y ajustes al módulo de planillas antes del 5 de abril de 2024; realizar un análisis integral de casos que involucren reconocimientos incorrectos de sobresueldos, compensaciones y aumentos indebidos así como definir acciones legales para abordar posibles pagos improcedentes, certificando esas medidas antes del 22 de marzo de 2024, informar los resultados del análisis antes del 30 de agosto de 2024 y las acciones requeridas antes del 16 de diciembre de 2024.
Por su parte la Contraloría ordenó al Consejo Directivo del ICE definir un plazo de vigencia de no más de 5 años para cada contrato suscrito por dedicación exclusiva, conforme a la Ley 2166, y certificar las adendas suscritas y plazos de vigencia antes del 15 de julio de 2024.
Finalmente a la Directora de la División de Talento Humano se le ordenó revisar y ajustar la información de dedicación exclusiva en el Sistema de Información de Personal del ICE para reflejar el respaldo normativo del porcentaje reconocido, ajustes que deberán ser certificados antes del 17 de mayo de 2024; y ajustar parámetros en el Sistema de Información de Personal para aplicar la fórmula de cálculo de anualidad conforme a la Ley 2166.
Estas disposiciones son de acatamiento obligatorio, y su incumplimiento sin justificación constituye una causal de responsabilidad que habilita a la Contraloría a ordenar la destitución del funcionario infractor.
