Situación financiera de personas adultas mayores preocupa a la institución.

La Defensoría de los Habitantes recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) adoptar acciones con el fin de que Costa Rica se logre dar un salto en la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

En específico, la Defensoría solicitó orientar esfuerzos para proteger a quienes reciben una pensión, indistintamente del régimen, pues para la Defensoría es urgente que exista un porcentaje de esos ingresos que sea intocable.

La posición de la Defensoría se dio a conocer esta mañana en un comunicado en el que se detalla el motivo por el cual la entidad manifiesta su preocupación y solicita actuar:

Con ello se procura que estos recursos sean resguardados a nivel legal para que las personas pensionadas puedan hacer frente a los gastos básicos requeridos en materia de alimentación, servicios públicos, entre otros”.

La Defensoría aseguró que ha recibido denuncias de personas jubiladas a quienes se les continúa realizando deducciones a sus pensiones, principalmente de cuotas de créditos, a tal punto que, en algunos de los casos, el monto se ha visto comprometido en hasta un 91%, “situación que atenta contra el objetivo de la pensión de cubrir las necesidades elementales de su manutención para una vida digna e independiente”.

El CONAPAM comunicó a la Defensoría, que adoptaría las recomendaciones emitidas, para lo cual instruyó a la Unidad de Asesoría Jurídica del CONAPAM, la preparación del proyecto de ley solicitado, a fin de proponerlo al Ejecutivo y coordinar su eventual presentación ante el Legislativo.

CONAPAM comunicó que además designó un equipo técnico conformado por la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional y la Unida de Asesoría Jurídica, para iniciar un proceso de consulta, acercamiento, negociación y diagnóstico de la oferta bancaria de crédito para las personas adultas mayores, análisis del entorno y propuesta de medidas (administrativas o legales); culminando este proceso, procederá a una coordinación con la Presidencia de la República para instaurar las medidas correspondientes.

La Defensoría recordó que de acuerdo al Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica y datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Costa Rica actualmente hay un poco más de medio millón de personas mayores de 65 años y para el 2035 alcanzaría la suma de 855.231 personas, es decir, el 14,9% de habitantes.

Además la Encuesta Financiera a Hogares 2022, publicada por el INEC en mayo 2023, señala como un 15.4% de las personas mayores de 65 años, recurren a préstamos con entidades no reguladas por SUGEF, ya que en su mayoría las iniciativas más inclusivas de acceso al crédito para la población adulta mayor, no son generadas por el sistema financiero formal.