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A pesar de que sus primeras concepciones datan del siglo XVIII, el concepto de “desarrollo sostenible” se formaliza en el año 1987, mediante la definición establecida por el reporte de la Comisión Brundtland. Dicha definición es el telón de fondo de lo que, como sociedad, hemos llegado a entender por los términos “progreso” y “crecimiento”. Ambos conceptos se han caracterizado por englobar valores antropocéntricos, donde el entorno se encuentra al servicio de la humanidad: la naturaleza es considerada como medio y no fin. Es evidente que el contexto actual ha puesto en jaque la resiliencia sistémica, constatando las grandes lagunas de inequidades, descontento y frustración que ha dejado la era antropocéntrica. La latente incapacidad del sistema para responder ante estos ‘problemas perversos’ (wicked problems por su término en inglés) ha propagado aún más las voces de cambio que reclaman la introducción de enfoques ecológicos que resaltan el papel vital que mantiene la naturaleza sobre nuestro entorno social, económico y político.

Dentro de este enfoque ecológico, es necesario reconocer la importancia que mantienen los recursos marino-costeros o “azules” debido a su capacidad de repercutir en demás temas pertinentes a sostenibilidad y, por ende, de generar un mayor bienestar en la relación ser humano – naturaleza. Estos recursos figuran como transcendentales dentro de los ciclos naturales, así como elemento clave dentro del balance ecológico de los diferentes ecosistemas. Además de producir la mitad del oxígeno utilizado por los seres humanos y absorber cerca del 30% de las emisiones de carbono, proporcionan una alta gama de beneficios que trascienden los ecosistemas objetivo.

Abordar temas de sostenibilidad bajo el enfoque de recursos azules, por lo tanto, tiene la capacidad de crear olas de regeneración social, económica y política. Sus efectos repercuten sobre temas de igualdad de género, seguridad alimentaria, consumo responsable, cambio climático e inequidad social y económica, entre otros. No obstante, los temas marinos se desarrollan bajo contextos complejos que involucran una gran cantidad de actores, sectores y usuarios. Abogar por una regeneración azul – basada a partir de la prosperidad de los recursos marino-costeros – involucra, por lo tanto, una reconceptualización epistemológica y metodológica dentro de las esferas social, económica y política. Es decir, es necesario conocer y ejecutar a través del lente de todos los elementos que conforman e interactúan dentro de los océanos.

Costa Rica cuenta con 589 683 km2 de mar territorial, donde se encuentran alrededor de 7000 especies marinas enmarcadas dentro de una prominente variedad de hábitats marinos que funcionan como sumideros de carbono, tales como pastos marinos y manglares. Por lo tanto, es evidente la necesidad de llamar la atención sobre el manejo apropiado que se debe proveer a estos recursos en el suelo nacional. Este manejo debe ser reflejo de un adecuado balance entre la protección y el uso de los ecosistemas marino-costeros. Se debe mantener como norte los requisitos ecológicos necesarios para que estos ecosistemas prosperen en sus funciones, pero también todos aquellos beneficios sociales políticos y económicos que suministran. El enfoque radica en construir un pacto social, interdisciplinario y científico sobre el adecuado uso del espacio marino que resalte los beneficios ecológicos de estos ecosistemas.

La trayectoria de la agenda azul costarricense ha ido incrementando alrededor de los años. En el 2017, Costa Rica fue la sede del Dialogo Global sobre los Océanos, el cual se utilizó como insumo para la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de ese mismo año. A partir de esta fecha, se han creado dos nuevas Áreas Marinas Protegidas (Cabo Blanco y Bahía Santa Elena), aumentando el porcentaje nacional de superficie marítima resguardada a 2.75%. Lo anterior también enmarcado dentro del llamado para proteger al menos 30% del área marina global para el año 2030, así como el compromiso asumido por el país en el marco de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (Meta 11). Además, se ha impulsado la restauración, conservación y recuperación de los ecosistemas coralinos mediante el Decreto Nº 41774-MINAE, así como la gobernanza marina, Decreto Nº 41775- MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR. Este último figura como un avance clave dentro de esta agenda, ya que, entre otros, suministra las bases para instaurar una adecuada planificación del área marina costarricense que respete los limites ecológico-sistémicos de estos recursos.

Ante el contexto actual, Costa Rica debe apostar por buscar soluciones basadas en la naturaleza que vayan más allá del enfoque tradicional, las cuales sean capaces de visualizar a los ecosistemas como herramientas para abordar problemas de sostenibilidad más amplios. Estrategias de gestión que buscan reforzar “lo mismo de siempre” se han vuelto obsoletas. La necesidad de establecer soluciones innovadoras a cuestiones ambientales, sociales, políticas y económicas es evidente. Se debe resaltar la preservación de los ecosistemas a largo plazo y fortalecer la noción de vínculo entre la sociedad y la economía con el medio ambiente. Es esencial revolucionar la forma de pensar industrial, donde ya no se promueva una relación jerárquica sobre la naturaleza, y, por lo tanto, repensar, redescubrir y redefinir las percepciones que la sociedad mantiene sobre los términos: crecimiento y progreso. Progreso observado a través de políticas que liberen nudos de inequidad social en acceso a recursos; crecimiento observado a través de la prosperidad en servicios ecosistémicos.