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COVID-19 en Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica anunció este martes dos nuevas medidas en el marco de la emergencia nacional que se vive por la pandemia de COVID-19: suspensión del pago del incremento salarial para los funcionarios del Estado y que las instituciones públicas operen con solo el 20% de su planilla.

Ambas medidas fueron anunciadas por María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Equipo Económico del Gobierno durante la conferencia de prensa de este martes.

Garrido explicó que mediante una directriz, se instruyó a la Administración Central y se insta a la Administración Descentralizada, a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, de manera que se garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional. Las instituciones podrán requerir la asistencia de un máximo de un 20% del total de su planilla.

El plan de servicio básico debe ser remitido al MIDEPLAN en un plazo de 48 horas a partir de la entrada en vigencia de la directriz.

El personal no requerido deberá:
1. Aplicar la modalidad de teletrabajo en todo puesto que sea teletrabajable.
2. Otorgar vacaciones a todas aquellas personas servidoras que cuenten con periodos acumulados de vacaciones.
3. En caso de que las personas servidoras no cuenten con periodos acumulados, se les autoriza el adelanto de vacaciones.

Por otro lado, para este año no se hará efectivo el aumento anual a las personas servidoras públicas que el Gobierno de la República autorizó, mediante el Decreto Ejecutivo 4212, exceptuando a los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación.

“En momentos en que las personas funcionarias realizan esfuerzos extraordinarios, tesoneros e incluso más allá de su horario, para combatir la emergencia, agradecemos profundamente la mística y solidaridad. La prioridad es la salud y el resguardo de la vida. Trabajamos por aplanar la curva epidémica para, reducir la frecuencia de contagio, la presión sobre los servicios hospitalarios y proteger a nuestras personas servidoras públicas, sobre todo a quienes tienen factores de riesgo. Nos corresponde también hacer un esfuerzo para contar con más recursos para la atención hospitalaria y para proteger a quienes hayan visto afectada su situación económica a raíz del COVID 19. Unión, solidaridad y fortaleza serán clave para superar este desafío”, indicó la ministra Garrido.

Con respecto a la restricción vehicular sanitaria de 10 p.m. a 5 a.m., el decreto entra en vigencia partir de este martes 24 de marzo con varias las excepciones. Quienes incumplan restricción se exponen a la multa de tránsito de ₡22.187,93 colones.