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COVID-19 en Costa Rica
La Defensoría de los Habitantes envío este jueves una solicitud de información al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), María del Pilar Garrido Gonzalo, con el fin de “observar muy de cerca” tanto las acciones inmediatas para la atención de la pandemia, como a dar seguimiento a las acciones que se adopten para enfrentar las consecuencias que, a corto y mediano plazo, esta pueda tener en la economía nacional y en la calidad de vida las y los habitantes.
Catalina Crespo, defensora de los habitantes, enfatizó en conocer mecanismos de diseño, mecanismos de evaluación de impacto y alcances con relación a la banca privada, de la directriz 075-H que busca instruir a los bancos comerciales del Estado para que, en el ejercicio de su autonomía constitucional, realicen todas las medidas necesarias y efectivas para readecuar los créditos de los deudores afectados por la situación actual.
Dicha directriz insta a los bancos a valorar medidas como las siguientes:
- Disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito.
- Extensión del plazo de los créditos.
- Prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario.
- Pagos extraordinarios al monto principal sin penalidad.
De igual manera, Crespo también solicita información sobre los efectos esperados, tiempo en el cual se esperan los primeros beneficios, riesgos y estrategias de evaluación del Plan Proteger. El objetivo de este plan es resguardar personas, trabajos y empresas contra los efectos que tiene el nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 en el país. El paquete de recursos detrás asciende al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de 1 millón de millones de colones, que se usará para "reaccionar responsablemente ante las necesidades y de acuerdo a la evolución de la emergencia".
