Más de la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa se encuentran en situación tributaria irregular, ya sea porque participan en las directivas (o como fiscales) de personas jurídicas morosas u omisas con sus obligaciones tributarias; o bien porque en su ejercicio personal de la profesión se encuentran atrasados en el pago de impuestos o no presentaron alguna de las declaraciones a las que están obligados.
Dato D+: Dentro de nuestra investigación decidimos incluir también a aquellas sociedades donde diputados forman parte de la Junta Directiva o son fiscales, ya que si bien es claro que la obligación tributaria directa es de quien ostenta la representación legal, lo cierto del caso es que cuando se asume un puesto se adquiere la obligación de velar por que esa sociedad cumpla con todos los requisitos legales, empezando por el pago de impuestos.
Así se desprende de consultas hechas por Delfino.cr a las bases de datos del Registro Nacional de la Propiedad, el Ministerio de Hacienda y bancos entre el 12 y el 16 de febrero de 2020, luego que públicamente se advirtiera en el podcast Curul en Llamas del viernes 7 de febrero del inicio de esta investigación.
De acuerdo con el resultado final, se encontró en situación tributaria irregular a 10 de los 17 diputados del Partido Liberación Nacional; 7 de los 9 diputados de la Unidad Social Cristiana, 3 de los 10 diputados del Partido Acción Ciudadana, 5 de los 8 diputados de Restauración Nacional, 4 de los 8 diputados independientes, los dos diputados del Republicano Social Cristiano, y un diputado de los partidos Integración Nacional y Frente Amplio.
Todos ellos suman ₡30.376.283 en impuestos sin pagar, cifra que podría aumentar de forma importante si se toman en cuenta las sanciones que el Ministerio de Hacienda debería aplicar, los intereses moratorios y tributos cuyo monto no ha sido determinado porque no se han presentado las declaraciones respectivas.
La mayor morosidad se registra en el apartado de sociedades. Allí se encuentran 369 incumplimientos en el pago de tributos por la suma de ₡28.007.706 así como 370 incumplimientos por la no presentación de declaraciones de impuestos.
El diputado cuyas sociedades registran más incumplimientos es David Gourzong Cerdas, del Partido Liberación Nacional, con 100 impagos de impuestos a las Personas Jurídicas, Renta, Timbre de Educación y Cultura; Impuesto al Valor Agregado (IVA, antes Impuesto General sobre las Ventas) e Impuesto sobre la Renta que ascienden a ₡5.982.076. Además, registra 41 incumplimientos por la no presentación de declaraciones de IVA, Impuesto sobre la Renta e Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda.
De acuerdo con los datos, Gourzong figura como secretario, tesorero o presidente en 11 sociedades que son infractoras del fisco desde el año 2003. Pese a ello, los 100 pagos incumplidos siguen bajo cobro administrativo.
La segunda diputada es Aida María Montiel Héctor del Partido Liberación Nacional. 11 sociedades donde figura como presidenta, vicepresidenta, tesorera, secretaria o fiscal suman 110 incumplimientos, de los cuales 34 son por el no pago de impuestos que ascienden a ₡2.631.328 y 76 incumplimientos por la no presentación de declaraciones de impuestos.
Las faltas en estas sociedades se registran desde noviembre del 2011 y todas están bajo cobro administrativo.
La tercera diputada con más incumplimientos es Floria María Segreda Sagot del Partido Restauración Nacional. Ocho sociedades en las que figura como tesorera, gerente o secretaria adeudan un total de 63 pagos de impuestos a las Personas Jurídicas, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta y el Timbre de Educación y Cultura para un monto total de ₡4.871.475. A eso se le suma el incumplimiento en la presentación de 25 declaraciones de impuestos.
Las situaciones irregulares en las sociedades donde aparece Segreda se presentan desde el año 2013. 57 impagos siguen bajo cobro administrativo en Hacienda y solo seis fueron llevados a cobro judicial por un monto de ₡2.018.404.
Le sigue en cuarto lugar el diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson Chacón, con participación en cuatro sociedades infractoras como presidente, gerente o fiscal. Esas sociedades registran 10 impagos de impuestos por ₡229.590 y 76 incumplimientos por no presentación de declaraciones tributarias.
Las faltas datan desde el año 2010 y todas se encuentran bajo cobro administrativo.
En quinto lugar con 81 infracciones están cuatro sociedades donde figura como presidente o secretario el diputado Jorge Luis Fonseca del PLN. Esas sociedades adeudan ₡210.830 en 11 pagos de impuestos, todos en cobro administrativo, y se suman 70 incumplimientos por la no presentación de declaraciones.
La falta más vieja data del año 1997, correspondiente al impago de Timbre de Educación y Cultura. En realidad, las sociedades de este diputado han incumplido con el pago de dicho timbre desde ese año y hasta el 2017 y adeudan por solo este concepto ₡20.750 .
Fonseca, además, ostenta una deuda a título personal por ₡26.161 correspondientes al Impuesto sobre la Renta del 2009, los cuales siguen bajo cobro administrativo en el Ministerio de Hacienda.
Por monto adeudado
Si se filtran los datos para determinar los que mayores deudas acumulan, se tiene que David Gourzong repite en el primer lugar con ₡5.982.076 en impuestos adeudados por las sociedades donde aparece; seguido de Floria Segreda con ₡4.871.475 y la diputada independiente Zoila Volio con ₡4.233.195 por el impago de tres periodos del Impuesto sobre la Renta en una sociedad donde figura como fiscal.
Esas últimas infracciones datan de los años 2016 y 2017 y todas se encuentran bajo cobro administrativo en Hacienda.
La diputada Ana Karine Niño del PLN se ubica en el tercer lugar ya que aparece como presidenta, fiscal, tesorera, secretaria o subgerente en diez sociedades que suman 47 infracciones tributarias, 43 de las cuales son el impago de impuestos que ascienden a ₡2.425.536 y cuatro infracciones por la no presentación de declaraciones.
A eso se le suma una deuda a título personal por ₡87.585 correspondientes al Impuesto sobre la Renta de los periodos 2006 y 2015, ambos aún en cobro administrativo. Sin embargo, al consultar la deuda de la legisladora en las plataformas de pago de los bancos, se muestra que adeuda también ₡952.231 por impago de Impuesto sobre la Renta en septiembre de 2015 (₡173,150); marzo de 2019 (₡267.670); junio de 2019 (₡259,781) y septiembre de 2019 (₡251.630).
De este modo, la legisladora adeuda en total ₡3.576.260 por impuestos personales y de las sociedades donde aparece.
La diputada Aida María Montiel ocupa el cuarto lugar de mayor morosidad con ₡2.631.328, seguida del diputado Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional con ₡2.038.802 en impuestos adeudados.
En el caso de Cruickshank, las sociedades adeudan ₡850.190 en impuestos pero él, a título personal, adeuda desde el año 2001 más de ₡1.188.612 por Impuesto sobre la Renta y cuyo caso está bajo cobro judicial.
Dos diputados más registran deudas superiores al millón de colones. El diputado Pedro Muñoz Fonseca del PUSC participa como presidente, gerente o secretario en 10 sociedades que adeudan ₡1.247.559 en 35 pagos de impuestos, todos en cobro administrativo; a lo que se suman 22 infracciones por la no presentación de declaraciones tributarias.
Finalmente, su compañero de bancada, Rodolfo Rodrigo Peña Flores participa como presidente y fiscal en cuatro sociedades que juntas adeudan ₡1.187.856 en 13 pagos de impuestos, todos en cobro administrativo. A eso se suman tres impagos personales del Impuesto sobre la Renta desde el año 2017, que ascienden a ₡23.122 para un total adeudado al fisco de ₡1.210.978.
¿Qué adeudan?
Las mayores faltas tributarias de los diputados y sus sociedades se registran en el Impuesto al Valor Agregado (IVA, antes Impuesto General sobre las Ventas). De las 770 faltas tributarias que se registran, 323 tienen que ver con el impago o la no presentación de la declaración de este tributo.
Este tributo se destina en su mayoría a la Caja Única del Estado, desde donde se realizan los pagos de las obligaciones del Estado; además de estar previamente ligado al giro de recursos a favor del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
En segundo lugar de incumplimiento figura con 165 casos el Impuesto a las Personas Jurídicas, cuyos recursos se destinan para el equipamiento e infraestructura en seguridad de Costa Rica, y cuyo cálculo depende de la declaración de Impuesto sobre la Renta presentada por esa sociedad. De este modo, si una sociedad no presenta dicha declaración, el monto a pagar por Impuesto a las Personas Jurídicas queda sin determinar, lo que refuerza el señalamiento de que las deudas tributarias de los diputados podrían ser mucho mayores a las detectadas hasta la fecha.
Según la investigación de Delfino.cr, hay 361 obligaciones tributarias cuyo monto de impuestos a pagar está sin determinar debido a la omisión de presentar declaraciones. Si todas ellas pagaran el mínimo para este 2020, significaría que hay adeudos por ₡24.37 millones.
Luego se encuentra el incumplimiento en el Impuesto sobre la Renta con 148 casos, cuyos recursos se transfieren en parte al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (conocido como Dinadeco), las Juntas de Educación, el PANI, las Universidades Públicas y el Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Poder Judicial.
En cuarto lugar están 129 incumplimientos en el pago del Timbre Educación y Cultura, el cual deben pagar las personas jurídicas, con base en el monto del capital neto reportado en la declaración del impuesto sobre la renta. Estos recursos se destinan en su totalidad a favor del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem), una entidad que cuenta con 23 sedes en todo el país y ofrece una oferta académica de desarrollo de habilidades a través de la música para niños y adolescentes con alguna discapacidad física o de aprendizaje.
De quinto lugar con 4 incumplimientos se encuentra el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, el cual recae sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo y que fue creado con el objetivo de financiar vivienda digna a la población en pobreza extrema.
Por último se encuentra el Impuesto Territorial, el cual es desde 1995 recaudado por las municipalidades. Sin embargo, el diputado Carlos Avendaño Calvo adeuda ₡7.186 por este tributo desde el año 1992, cuando lo recolectaba el Ministerio de Hacienda. Dicha deuda se encuentra bajo cobro judicial.
Descargos
Delfino.cr notificó de las infracciones tributarias a los 33 legisladores y se les informó que esta información sería publicada el 20 de febrero.
De los 33 casos, 14 no suministraron a este medio ningún tipo de descargo, no solicitaron más tiempo para referirse al tema ni hicieron acuse de recibido del oficio pese a que se les envió a sus correos oficiales del Congreso.
En esta sección solo se enlistan aquellos nombrados a lo largo de esta nota. Para todos los descargos visite: Diputados hicieron pagos a Hacienda tras consulta de Delfino.cr y Diputados viven en carne propia necesidad de modernizar sistemas de Hacienda
El diputado David Gourzong, quien encabeza la lista de diputados con más deudas, afirmó a través de su asesor legislativo que encomendó el tema a su contador para que realice un análisis de la información en Hacienda.
"Al menos cinco de las sociedades no tienen ninguna actividad en este momento. Solamente existe una activa. Sin embargo, revisarán los datos y de ser necesario subsanar los montos que requieran su pago", señaló el funcionario.
La diputada Aida María Montiel envió un oficio en el que afirmó que su actividad profesional de toda la vida ha sido la de abogada y notaria con oficina abierta en la ciudad de Liberia, en razón de lo cual se ha relacionado con múltiples personas jurídicas en donde figura o ha figurado como fiscal, miembro de Junta Directiva o agente residente, pero sostiene que son sociedades que no tienen nada que ver con su giro comercial, sino tan solo profesional en la confección o constitución de dichas entidades.
"Me he puesto en comunicación con las personas responsables de las sociedades aludidas en su oficio, con el fin de que honren cualquier obligación tributaria que tengan, como en efecto han hecho, de acuerdo con la documentación que me han hecho llegar, donde se demuestra el pago de las sumas adeudadas al fisco", dijo la diputada.
Montiel afirmó que en el caso de la sociedad Mi Farmacia Guanacaste S.A. donde figura como tesorera, las acciones se vendieron en el año 2011 a la doctora María José Rivas, por lo que desde esa fecha ella es la propietaria y no tiene ninguna relación comercial con esa entidad. El Registro Nacional de la Propiedad aún muestra a la legisladora como parte de dicha sociedad.
"La señora Rivas Quesada me ha indicado que a la fecha no debe suma alguna por sus obligaciones tributarias, y si aparece alguna renta pendiente, señalan que puede tratarse de un error
atribuible a la plataforma. Para tales efectos, adjuntan una certificación de que no deben presentación de renta alguna", dice su escrito enviado a este medio.
En la Sociedad MONTIEL S.A. donde figura como presidenta, la diputada afirmó que la misma nunca estuvo obligada a presentar declaración de ventas antes del 30 de julio de 2019 por cuanto los alquileres estaban exentos de ese impuesto.
"A partir del 30 de junio de 2019 que se amplió el impuesto para los arrendamientos, la sociedad Montiel S.A. paga el IVA por un arrendamiento. Asimismo, les informo que esta sociedad hace el pago de la renta de manera mensual. Si existiese algún error en la administración tributaria con respecto a estas sociedades estaría comunicándome con el contador para efectos de solicitar una aclaración al ente tributario", agrega el escrito.
Sin embargo, los registros del Ministerio de Hacienda señalan que dicha sociedad ha incumplido desde mayo del 2013 y hasta junio con la presentación de las declaraciones de IVA (antes IGV), pues en el giro comercial no solo aparece el alquiler de edificios y propiedades, sino también actividad de contabilidad y bufete de abogado, notario y asesor legal.
Por su parte, el diputado Roberto Thompson Chacón informó a través de su despacho que las obligaciones tributarias que corresponden al Impuesto de Personas jurídicas (período 2020) de sociedades en las cuales él ejerce alguna representación legal como gerente o presidente, fueron canceladas el 19 de febrero (después de la notificación de Delfino.cr) y ahora se encuentran al día.
Respecto a otra sociedad (3-101-168564) que adeuda impuestos y la presentación de decenas de declaraciones de impuestos, el legislador sostiene que él no ejerce ningún tipo de representación legal, ni tiene participación accionaria o administrativa, aunque el Registro Nacional lo muestra como fiscal de la misma.
Según Thompson, de acuerdo con el párrafo final del artículo 4 de la Ley 9428 (Impuesto a las Personas Jurídicas), las obligaciones tributarias de las sociedades en ese tributo recaen sobre los representantes legales, lo cual no es su caso.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 199 del Código de Comercio, las personas que ejerzan la vigilancia de las sociedades anónimas (en este caso el puesto de fiscal) serán individualmente responsables por el cumplimiento de las obligaciones que la ley, el pacto social y los estatutos les impongan.
La diputada Zoila Volio Pacheco, quien también figura como fiscal de FM Ginecología S.A. que adeuda más de 4 millones en impuestos, afirmó que se trata de una sociedad constituida en vida por su exesposo Francisco Fúster (qdep) y el doctor Danilo Medina Angulo.
Cuando Volio fue electa diputada, el Semanario Universidad dio cuenta de la morosidad que esa sociedad tenía en ese entonces con el Seguro Social. Fúster reconoció que había puesto a la diputada como parte de esa sociedad hace muchos años, cuando aún eran esposos, pero que ni ella ni él tenían que ver con el pendiente.
Ahora con este caso, Volio aportó documentación que prueba que desde julio de 2017 se realizó el trámite necesario para retirarse como fiscal de dicha sociedad, nombrando en su lugar a Monserrat Medina Carmona, sin embargo, el Registro Nacional rechazó realizar el cambio porque la sociedad se encontraba morosa.
"Es importante resaltar que, previo a que yo fuera electa como Diputada en febrero del 2018, yo ya no era fiscal de ésta. Además, nunca fui accionista ni representante legal, simplemente se me designó como fiscal, pero como explico, yo ya había renunciado y la labor de fiscalizar la sociedad no me corresponde a mí", afirmó la legisladora.
Por su parte, la diputada Ana Karine Niño informó a Delfino.cr que tras revisar las sociedades involucradas, solicitó a los notarios que la saquen de aquellas que están fuera de su control y afirmó que algunas de ellas ya se pusieron al día. Asimismo, dijo que aquellas en las que ella figura como dueña no tienen deuda alguna y que hasta hizo pagos a título personal que no le correspondían por errores de sistema de Hacienda.
"Me han informado que se presentó el cambio que corresponde ante Registro Público para mi exclusión. Por supuesto que en mi condición de abogada tengo claro que hay representaciones de representaciones y en mi caso he revisado lo que me corresponde como dueña una y otra vez y no tengo deuda alguna, incluso realicé pagos a título personal que no correspondían y que son errores de sistema pero preferí dejar limpio de cualquier duda que se pueda generar con mi nombre injustamente", declaró.
Al igual que Thompson, Niño afirmó que por ocupar cargo de fiscal en una sociedad no se hace extensiva la responsabilidad de estar al día con los pagos al fisco.
De forma similar el diputado Pedro Muñoz señaló que seis de las diez sociedades infractoras son clientes de su bufete, y que en las otras cuatro se encargó de ponerlas al día con el fisco.
Finalmente, el diputado Rodolfo Peña Flores pidió 30 días para entregar la documentación de su descargo, ya que dijo que debía revisar la información con su contador, pues algunas de las sociedades infractoras supuestamente habían sido desinscritas.