El 7 de octubre del 2018, en plena discusión y trámite del plan fiscal, jefes de fracción de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa firmaron un acuerdo en el que se comprometían a tramitar cinco reformas a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Ha pasado más de un año y un mes desde que el proyecto se convirtió en Ley de la República y los diputados no han cumplido con tres de los cinco compromisos: eliminar el enganche médico, gravar las grandes cooperativas con Impuesto sobre la Renta, y cerrar un portillo que permitiría a las Zonas Francas usar sus exoneraciones tributarias para competir deslealmente en el mercado interno.

El acuerdo había sido firmado por las bancadas de Liberación Nacional, Restauración Nacional (antes de su fragmentación), Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y los diputados Otto Roberto Vargas del Partido Republicano y Erick Rodríguez, disidente de Integración Nacional. En su conjunto estos grupos suman 53 diputados, suficientes para tramitar las reformas con una vía rápida y honrar su palabra.

Solo dos promesas se han hecho realidad.

La primera fue una interpretación auténtica de la ley para evitar que los salarios de los funcionarios del MEP se vieran afectados con el plan fiscal, de modo que educadores ganaran más que los directores. Este proyecto se presentó al Congreso el 9 de octubre del 2018 y se aprobó en segundo debate el 14 de enero del 2019. El Poder Ejecutivo lo convirtió en Ley el 3 de febrero de ese año y finalmente entró a regir el 15 de marzo bajo la Ley 9655.

La segunda fue una reforma para esclarecer el efecto del plan fiscal en los destinos específicos que habían sido derogados, por temores de que la ley pudiese afectar el financiamiento de recintos universitarios o de programas sociales. El proyecto se presentó el 26 de febrero del 2019, se aprobó en segundo debate el 20 de agosto del 2019 pero fue vetado por el Poder Ejecutivo, lo que obligó a modificar el texto y votarlo nuevamente en segundo debate el 31 de octubre. Finalmente el presidente lo hizo Ley el 19 de noviembre y entró a regir el 15 de diciembre del 2019.

Tres promesas siguen sin cumplirse

La primera y que más ruido ocasionó durante la discusión del plan fiscal fue la de aprobar un proyecto de ley que pusiera a pagar Impuesto sobre la Renta a las grandes cooperativas, dado que una mayoría de diputados rechazó una moción de la diputada María Inés Solís del PUSC que pretendía implementar esa medida en la Ley 9635.

Sobre este punto, inclusive, los jefes de fracción del PLN, PAC, PRN, FA y los diputados Otto Roberto Vargas y Erick Rodríguez firmaron un primer acuerdo el 3 de octubre del 2018 que indicaba que se presentaría un proyecto de ley el 8 de octubre para gravar las grandes cooperativas y que el mismo sería dispensado de todos los trámites para ser "inmediatamente votado en el Plenario". Dicho acuerdo al final nunca se cumplió.

En su lugar, el PLN presentó un proyecto de ley (expediente 21.017) que terminó siendo rechazado en la Comisión de Asuntos Económicos por los diputados Roberto Thompson Chacón, Daniel Ulate Valenciano y Ana Karine Niño Gutiérrez del PLN, Luis Ramón Carranza Cascante del PAC, Melvin Núñez Piña del PRN y la independiente (ex PRN) Marulin Azofeifa Trejos.

El principal argumento de quienes votaron para archivar la iniciativa fue que el impuesto sería un "doble gravamen a los cooperativistas", ya que actualmente se les retiene el 7% sobre los excedentes que reciben los afiliados.

La segunda promesa que aún no se vuelve realidad es la de eliminar el beneficio salarial que establece que cada vez que se hace un aumento salarial a cualquier categoría de empleados públicos, los profesionales en ciencias de la salud del Estado también deben recibirlo (conocido como el enganche médico). Esta modificación se incluyó en el acuerdo del 7 de octubre del 2018 porque una mayoría de diputados rechazó una moción impulsada por el diputado Pedro Muñoz, en el marco de la discusión del plan fiscal, que pretendía eliminar dicho enganche.

Welmer Ramos junto con 14 diputados más presentó un proyecto para eliminar el enganche; mientras que los diputados Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca del PUSC presentaron otra iniciativa para derogar la totalidad de la Ley de Incentivos para Profesionales en Ciencias Médicas.

El proyecto de los socialcristianos se tramita en el expediente 20.973 bajo estudio de la Comisión de Asuntos Económicos, sin embargo, desde el 17 de octubre del 2018 no registra avances. La iniciativa multipartidista se tramita en el expediente 20.976 y ya tiene dictamen afirmativo unánime, sin embargo, se mantiene paralizado desde el 13 de diciembre del 2018 cuando ingresó en la agenda de Plenario.

Finalmente, la quinta reforma que debió aprobarse al plan fiscal tenía como fin cerrar un portillo contenido en la ley que le permitiría a las Zonas Francas usar sus exoneraciones tributarias para competir deslealmente en el mercado interno. Fuentes legislativas consultadas por Delfino.cr confirmaron que el proyecto, aunque empezó a redactarse, nunca fue presentado oficialmente. 

"Hicieron un papelón"

La diputada María Inés Solís del PUSC, quien propuso la moción en el plan fiscal para cobrarle Renta a las grandes cooperativas afirmó que el acuerdo del 3 de octubre firmado por los jefes de fracción fue "un papelón".

"Hicieron un papelón firmando un acuerdo diciendo que iban a eliminar las exoneraciones de las cooperativas, creo que a nadie se le olvida eso, a mí nunca se me olvidar", espetó la socialcristiana al resto de congresistas el pasado 18 de diciembre en el Plenario.

De acuerdo con Solís, si ese acuerdo hubiese sido firmado por las actuales jefas de fracción, el mismo ya se habría vuelto realidad porque las mujeres tienen palabra y han hecho avanzar la Asamblea Legislativa.

"Yo quisiera que podamos avanzar en temas pendientes, en compromisos públicos; no les dio vergüenza levantarse a decir que la moción [que ella propuso] estaba mal, y se hizo el proyecto que Liberación Nacional quería, no el mío", resaltó.

La jefa de la bancada socialcristiana afirmó que las grandes cooperativas pasaron a convertirse en transnacionales, ya que se les olvidó que el productor es su fin de ser. En su lugar, dijo, grandes ejecutivos y cúpulas se han hecho millonarias a costas del sector cooperativista mientras que los productores pasan por malos tiempos.

Aquí se ha hablado montones de las exoneraciones: cuando un modelo necesita exoneraciones vitalicias para funcionar es porque no funciona, no sirve. Si las cooperativas fueron el motor de desarrollo de este país, muchas gracias; pero les toca acomodarse, emparejar la cancha y ponerse igual que el resto del sector. Ese es un pendiente que tenemos no con nosotros mismos, sino con los costarricenses que la pulsean.

Por su parte, el también socialcristiano Pedro Muñoz afirmó que la obligación de promulgar las reformas acordadas ha sido incumplida "flagrantemente".

"Desenganche médico, cooperativas, generación solar distribuida, son temas que han quedado pendientes y no es correcto que no se esté cumpliendo con la palabra empeñada. Fue gracias a esa palabra empeñada que se llegó al acuerdo legislativo y es indispensable que retomemos los compromisos que están pendientes de ejecución", señaló el legislador.