El Plenario de la Asamblea Legislativa acogió este lunes, por mayoría, el veto interpuesto por el presidente de la República y la ahora exministra de Hacienda contra el Decreto Legislativo 9732, relacionado con los destinos específicos que fueron derogados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Dicho decreto legislativo era el expediente 21.277, presentado con el propósito garantizar que los destinos específicos a favor de sedes regionales de las universidades públicas que fueron derogados por el plan fiscal, se mantuvieran a perpetuidad en un monto no inferior al que se registró en 2018 cuando se aprobó la Ley 9635.

Una de las medidas de "saneamiento de las finanzas públicas" fue derogar toda una serie de destinos específicos que acaparaban importantes cantidades de recursos de algunos impuestos y que, al estar fijados en montos porcentuales o actualizados según la inflación, hacían imposible al Ministerio de Hacienda recortarlos pues entre más recaudaba, más debía girar hacia los beneficiados de esos destinos.

Por ejemplo la sede de Paraíso de la UCR tenía a su favor un destino específico desde 1993 fijado inicialmente en 75 millones de colones de lo recaudado por concepto de Impuesto sobre la Renta. La Ley 6450 que creó ese destino específico indicaba además que el monto debía actualizarse cada año de la misma forma en que se actualiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), de modo que al 2018 el aporte para esa sede llegó a 971 millones de colones (12,94 veces su monto original).

Aunque el plan fiscal derogó esas asignaciones específicas, el artículo 24 en el capítulo de la Regla Fiscal, estableció que las mismas debían continuar girándose en un monto nominal no inferior al del 2018, momento para el cual entró a regir la ley. Es decir, la derogatoria fue en realidad un "desenganche" para que los montos dejaran de crecer de la forma exponencial  de la forma en que lo estaban haciendo.

No conformes con la redacción de ese artículo, algunos sectores afectados por la medida (incluida la sede de la UCR de Paraíso) se acercaron a los diputados para solicitar una reforma legislativa que dejara aún más claro que el presupuesto que tenían en 2018 no se vería disminuido en el futuro. Fue por ello que un grupo de diputados de Cartago presentó el expediente 21.277 con el cual se agregaba una frase final al artículo 24 en mención, de modo que dijera que la asignación no podía ser inferior a la del 2018 no solo para las sedes y recintos universitarios cuyos destinos específicos fueron "derogados", sino todos los destinos específicos derogados en la ley.

ARTÍCULO 24.- La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley; incluyendo los destinos específicos derogados en esta ley.
(Lo resaltado es lo que se agregaba con la reforma)

El Ejecutivo vetó la reforma al considerar que abría el portillo para discutir la vigencia de todos los destinos específicos derogados por el plan fiscal, incluyendo el 7% de todo lo recaudado por Impuesto sobre la Renta para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o el 5,25% para las Juntas de Educación.

La exministra Aguilar inclusive afirmó que los diputados "se extralimitaron" con el proyecto al no especificar que aplicaba solo para sedes y recintos de universidades públicas, mientras que el presidente Alvarado expuso en el veto que la reforma era innecesaria, pues según sentenció la Sala Constitucional la futura aplicación de la Regla Fiscal no podría darse sobre los destinos derogados, ya que estos, jurídicamente, ya no existen; pero sí existe la obligación de mantenerlos en un monto no inferior al que tenían para 2018.

Debido al veto, el Ejecutivo propuso una nueva redacción para el proyecto que dice así:

ARTÍCULO 24- Asignación presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley; incluyendo los destinos específicos establecidos para las sedes regionales de las universidades públicas derogados en ésta ley.
(Lo resaltado es lo que se agregaría con la versión del Poder Ejecutivo)

El veto fue leído y tramitado este lunes y dado que el proyecto fue dispensado de trámites el Plenario se tuvo por convertido en Comisión General donde debía tramitarse.

El diputado José María Villalta presentó una moción para resellar el proyecto, rechazando el veto del Ejecutivo por considerar que era correcto que la ley protegiera no solo los destinos de las sedes y recintos universitarios, sino también los otros destinos que fueron derogados por el plan fiscal.

Su moción, sin embargo, recibió solo 5 votos a favor y 39 en contra por lo que fue rechazada.

Rechazado el resello correspondió entonces votar si se acogía el veto y el texto propuesto por el Ejecutivo: 38 votaron a favor y 7 en contra.

Tras acoger el nuevo texto, el Plenario votó nuevamente en primer debate la iniciativa: 40 a favor, 7 en contra y programado para el próximo jueves su votación final.

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