En diciembre pasado, la Universidad de Costa Rica (UCR), solicitó el criterio a la Oficina Jurídica de la institución para destinar 123 millones de colones a la primera compensación que alcanzó con los estudiantes, tras el naufragio de la carrera de Marina Civil en la Sede del Caribe.

Así se desprende del oficio VD-4422-2019 enviado por la Vicerrectoría de Docencia el 4 de diciembre del año anterior, al director de la Oficina Jurídica de la UCR, Luis Baudrit Carrillo y del cual este medio tiene copia.

Este es el primer borrador que se hace público del acuerdo al que llegaron los afectados por el caso de Marina Civil y las autoridades universitarias pues, como ustedes recordarán, la semana pasada informamos que la UCR no detallaría los términos de la conciliación que se alcanzó con una parte de los exestudiantes afectados.

El caso se remonta a diciembre del 2018, cuando los estudiantes hicieron público el calvario que están viviendo al no poderse graduar ni ejercer una carrera cuyos planes de estudio ya terminaron.

En la misiva referida, la oficina rectora en docencia solicitó el criterio de la instancia jurídica para compensar económicamente a 34 de los más de cien estudiantes de la carrera de Marina Civil que se vieron afectados, tras una negociación que se consumó gracias a la asistencia del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados.

Sin embargo, y como los términos de esta conciliación no se hicieron públicos, no fue sino hasta que se publicó una nota el miércoles pasado en el Semanario Universidad cuando se confirmó que el acuerdo se basa en una remuneración económica otorgada a los estudiantes.

Ahora bien, es este lunes, y a partir de la información que contiene el documento que la Vicerrectoría de Docencia envió a la Oficina Jurídica, que se constata que a diciembre anterior lo que se negociaba era un acuerdo económico que superaba los 123 millones de colones y cuyo pago se pretendía realizar como compensación por daño moral y material tras los perjuicios sufridos.

El cálculo del daño, según consta en el escrito, se realizó tomando en cuenta todos los créditos ganados por cada uno de los estudiantes que aceptó conciliar, en relación directa con el avance del estudiante en su plan de estudios; el número de meses que el estudiante dedicó en tiempo completo a la carrera, cuantificándolo según el salario mensual de los trabajadores en ocupación no calificada de la tabla de Salarios Mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y la parte correspondiente al aguinaldo del monto anterior. Al finalizar, al monto total se le agregó un 50% extra por concepto de la compensación moral subjetivo.

Así las cosas, en dicho borrador se constata que el monto menor de las negociaciones asciende a los trescientos setenta y seis mil, setecientos sesenta y nueve colones, mientras que el mayor alcanza los doce millones, ciento ochenta y dos mil, ciento ochenta y un colones.

Estos términos preliminares fueron enviados a aprobación de la Oficina Jurídica y de las partes negociantes antes de finalizar la conciliación. Sin embargo, y puesto que tanto la universidad como los estudiantes involucrados se han negado a revelar el monto final debido a los términos del acuerdo, el costo final para la institución sigue sin estar claro.

Costos serán mayores

Los costos para la UCR no se detendrán aquí. Según confirmó Floyd Peterkin a Delfino.cr la semana pasada, antes de que iniciara toda la problemática con la carrera en diciembre de 2018, el número de estudiantes afectados ascendía a los 150 y a finales de diciembre anterior, aún habían 62 personas activas en la carrera.

Es decir, hay decenas de estudiantes afectados que no han logrado conciliar con la universidad. Entre estos estudiantes se encuentran los siete que tienen denunciada a la Universidad de Costa Rica ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Sobre esos casos, y según manifestó la Vicerrectoría de Docencia a la Oficina Jurídica de la UCR al momento de solicitar su opinión previo a la conciliación:

Es evidente que, de no admitirse la opción de un RAC se dejaría a los estudiantes de Marina Civil y a la institución ante una exposición a un pasivo contingente cuya embergadura podría alcanzar mas de 10 veces el monto que puede compensarse en este momento".

Esa situación es la que podría salir sustancialmente más cara que lo que se ha pagado hasta ahora y es el escenario que se enfrenta con las decenas de estudiantes que no conciliaron y que han llevado el caso a distintas instancias.

Además de la denuncia en el Tribunal Contencioso Administrativo, la Fiscalía de la Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público también está investigando a la UCR por esta situación.

En el primero de estos escenarios, que es el que se ve más cercano en el proceso, se está a la espera de que se fije una nueva fecha para la audiencia preliminar entre las partes, pues aunque estaba pactada para estos últimos días de enero, como los demandantes presentaron nueva información en diciembre pasado, se pospuso.