La hasta ahora jerarca del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Patricia Vega Herrera, presentó este jueves su renuncia al cargo tras las críticas que cayeron sobre la institución, a raíz de la muerte de varios menores de edad en los últimos meses.

Así lo anunció Vega en una conferencia de prensa convocada esta mañana, en la que afirmó que:

El ámbito político en el que nos estamos manejando hizo que ayer le presentara mi renuncia al señor Presidente de la República porque el proyecto PANI debe ser más grande que una presidencia ejecutiva. El proyecto PANI debe ser un cambio para dar una respuesta porque nuestro interés es el de la niñez costarricense".

El último caso que desencadenó críticas hacia la labor de la institución, incluso por parte de diputados oficialista, fue el de una menor de 4 años y vecina de Tuetal Sur en Alajuela, que fue encontrada fallecida este miércoles por la mañana en la vivienda donde habitaba junto con su madre y padrastro.

El hallazgo del cuerpo reportó "signos de agresión” en la menor y por ello los padres de la niña se encuentran detenidos en este momento, a la espera de la investigación respectiva.

Este caso, sin embargo, revivió la discusión que arrancó el año anterior respecto a los controles institucionales sobre las denuncias que atiende el Patronato Nacional de la Infancia, pues en las declaraciones de este jueves, Vega reconoció que el caso ya había sido reportado en el pasado pero que a lo interno de la institución no se le dio el seguimiento adecuado:

El reporte (recibido en agosto del año pasado) decía que había un tema de violencia intrafamiliar y que la niña estaba en riesgo. Había que actuar inmediatamente. Esa es la frustración que uno siente: esa niña podría estar viva".

Los temblores en el PANI empezaron a agudizarse desde el año anterior y tuvieron como uno de sus epicentros principales a la oficina regional de Alajuela, donde tenía que atenderse este último caso.

Recordemos que en mayo del 2019, la comunidad de Sabanilla de Alajuela reportó la muerte de un menor de apenas 5 años quien habría sido víctima de violencia por parte de sus propios padres, y por cuyo manejo ya se habría intervenido la oficina central de la provincia de los mangos, pues en su momento se señaló que funcionarios encargados acudieron a la zona pero, al reportar que no encontraron la casa, se marcharon del lugar.

Por esta causa Vega fue convocada a comparecer ante la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia de la Asamblea Legislativa en junio pasado, en un encuentro en el que pintó el panorama desastroso que vive la institución a lo interno y detalló a los diputados las carencias que enfrenta el PANI para poder realizar su labor a cabalidad.

Para muestra un botón: Vega señaló que al inicio de su administración el PANI tenía 10.705 denuncias prioridad 1 que no habían sido atendidas. Algunas de ellas, desde el año 2014 pese a que su protocolo es que esos casos deben atenderse como mínimo en 24 horas y como máximo en 5 días.

En ese momento la funcionaria señaló la institución estaba tomando una serie de medidas como la definición del contenido de la rectoría del PANI en materia de protección de niñez y adolescencia, la cual nunca ha sido ejercida en la forma correcta; la confección de un fideicomiso de $25 millones para construir 24 oficinas locales y tres albergues, el cual está a la espera de refrendo de la Contraloría; y la creación del expediente digital que conlleva la digitalización de 5 millones de folios de oficinas locales en todo el país, el cual a la fecha está listo en 18 de las 52 oficinas locales del PANI.

Esta mañana tras presentar su denuncia, la funcionaria defendió la labor realizada pero señaló que a la institución le falta tanto camino para suplir todas esas necesidades, que el subsane del problema "no lo hará un gobierno y probablemente ni dos pero mejorar la gestión de la institución es indispensable".

"El PANI no está haciendo lo que está llamado a hacer"

Desde mi ingreso a la institución he señalado una y otra vez para quien ha querido oír, las falencias de la institución. El PANI necesita cambiar, el PANI no puede seguir como está, el PANI no puede dar las respuestas que da".

Con estas palabras la ahora expresidenta del PANI, Patricia Vega, pidió a la prensa que no le quite el dedo a la llaga de las denuncias que quedan pendientes en el Patronato.

La exjerarca señaló que existe un "desorden" a lo interno de la institución, referente a que "no hay control en la supervisión" de las denuncias que se reciben, por lo que se vuelve casi imposible atender los errores humanos que suceden a lo interno y por eso se presentan casos como el sucedido esta semana.

Un error humano, de hecho, fue lo que sucedió en el caso de la niña alajuelense, pues la jerarca afirmó que a la situación de esta menor alajuelense no se le brindó la atención debida a la hora de recibírsele pero, como el proceso de digitalización de los expedientes del PANI sigue inconcluso, no hay una forma realmente efectiva de que un supervisor pueda asegurarse de que sus subalternos le estén dando el seguimiento adecuado a los casos que se les asignan:

Este es precisamente el segundo caso en la misma oficina. Esa es una de las oficinas con más recursos y tenía los choferes y tenía todo lo que tiene que tener: es una oficina de tipo A, que es el modelo más grande que tiene el PANI. Yo por eso enfatizaba tanto en el tema de la capacitación y de la consciencia de los funcionarios porque siempre al final hay una decisión humana. Lo que yo pretendí en todo este proceso es que pudiéramos dar todos los elementos para que esas decisiones fueran lo menos erróneas posibles, disminuir la posibilidad de error. Bueno en este caso se tuvo conocimiento, se clasificó mal, la situación no se atendió cuando se debió hacer y yo creo que eso, por las consecuencias".

La exfuncionaria señaló, además, la necesidad de que el Patronato refuerce sus controles de recursos humanos para contratar personal capacitado y concientizado sobre el tema, pues:

La materia PANI no se enseña en universidades. El PANI es una institución que depende de sus funcionarios. En cualquier otro lugar usted podría poner computadoras a trabajar pero aquí se requiere del análisis de un funcionario para clasificar qué es lo que está ocurriendo y esa es una falla".

Estas y otras falencias ya habían sido alertadas por la Contraloría Genera de la República en una visita a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa en noviembre anterior.

En dicho encuentro, la jerarca de la institución, Marta Acosta Zúñiga, señaló deficiencias como que las acciones ejecutadas entre 2015 y enero 2017 no tenía un Plan Estratégico y que la Junta Directiva aprobó en febrero del 2017 el Plan Estratégico para el periodo 2015-2020, sin que estuvieran definidas las metas concretas y los indicadores para la implementación de la estratégica.

Además, en esa ocasión se alertó respecto a que en la atención de denuncias se redujo el nivel de cumplimiento de los tiempos establecidos por el Pani, siendo que en 2015 el 58% de las denuncias se atendieron dentro del plazo de tiempo, pero para 2018 esta cifra había caído al 28%, a pesar de que en ese periodo de tiempo aumentaron los recursos asignados a la institución; y que en 2016 el Pani aumentó las transferencias a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que dan albergue a menores por un monto de ₡2.900 millones, pero esto solo generó ese año 93 cupos adicionales.

Ante las situaciones vividas en los últimos días y ante las declaraciones de Vega, la Defensoría de los Habitantes emitió a su vez un comunicado, en el que señaló que "es necesario que toda la población se involucre de una u otra forma para acabar con la epidemia de violencia" contra la niñez, al tiempo que recordó los mecanismos para hacerlo y exigió mayores medidas por parte de las autoridades correspondientes:

Cuando existe sospechas de alguna situación de maltrato de una persona menor de edad, hay que denunciarlo al 9-1-1, a la Fuerza Pública, a la Policía Municipal, por la seguridad de ese niño o niña, pero además es necesario y urgente que el país haga un replanteamiento, intervención o giro del modelo de gestión del Patronato Nacional de la Infancia como lo hemos manifestado reiteradamente para que atienda con rapidez los casos donde se sospecha hay violencia contra un niño o una niña. Costa Rica debe dirigir acciones a que exista atención de estas situaciones las 24 horas por parte del PANI en todo el país. Insistimos, es necesario un replanteamiento del modelo de actuación del PANI".

Así las cosas, ahora le tocará a Presidencia definir quién será el encargado de suplir a Vega en su puesto. Este jueves, de hecho, el presidente Carlos Alvarado Quesada, señaló que concuerda con la percepción de Vega de la necesidad de reformar al Patronato, "una institución longeva" que "requiere muchas reformas y mucho trabajo".