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Lo he dicho en los más diversos foros, se comenta entre colegas, los medios esporádicamente lo exponen y al colegio de abogados y abogadas le importa poco: la administración de justicia está colapsada, está haciendo aguas, sin embargo lo cierto es que naufragó en su misión más básica y esencial que no es otra que administrar justicia.

Los vanidosos que llevaron adelante la reforma del Código Procesal Civil siguen teniendo la desfachatez de defenderla. Lo cierto es que se invirtieron miles de millones de colones en una nueva ley que sólo ha empeorado el trámite judicial. Sólo a manera de ejemplo, los Tribunales de Primera Instancia Civiles, que conforme expuse en un anterior artículo (Código Procesal Civil Un Nuevo Engendro Judicial) que fueron privilegiados con todos los recursos que necesitaran, incluídos nuevos edificios y costosas remodelaciones, ya presentan mora.  Tengo un caso en que la audiencia de recepción de prueba se hizo el 4 de octubre de 2019. Según las normas procesales la sentencia debía dictarse en 15 días, plazo que venció el lunes 21 de octubre de 2019 y a hoy que escribo estas líneas (11 de diciembre de 2019) presenta 37 días hábiles de retraso. Lo lamentable es que está en manos de una jueza muy competente y no otra explicación me puedo dar que los recursos fueron suficientes pero hay un problema de administración.

Sin embargo, lo que sucede en Tribunales de instancia es pecata minuta comparado con lo que acontece en la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, que una vez llamé “depósito de expedientes irresueltos” (Código Procesal Agrario, Un Nuevo Engendro Judicial).  Estoy preparando un estudio general sobre este tema de la administración judicial, sin embargo, lo que me ha sucedido amerita un breve proemio.

No me gusta hacer afirmaciones sin fundamento, menos aún, meramente teóricas sobre ideales inalcanzables o imposibles.  Lo que afirmo no es más que el resultado de mi propia experiencia, de primera mano, de mi ejercicio profesional.

Tengo un caso, cuyo número de expediente y partes me reservo para que no se crea que escribo para presionar su trámite, que exhibe de cuerpo entero la incompetencia no sólo de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia sino de la administración judicial toda.  Hago una sinopsis de su tortuoso trámite:

  1. a) La demanda se presentó el 4 de mayo de 2018;
  2. b) Sin que se adjuntaran los timbres de ley y sin que se adjuntara una certificación que acreditara quién era el apoderado de la compañía, con sede en Europa, se le dio curso;
  3. c) Se celebró la audiencia preliminar el 7 de febrero de 2019;
  4. d) Se dictó sentencia el 11 de febrero de 2019 (aunque se notificó hasta el 7 de marzo);
  5. e) La parte actora (yo represento a la demandada) solicitó aclaración y adición de la sentencia el 13 de marzo de 2019;
  6. f) Se rechazó la solicitud de aclaración y adición el 5 de abril de 2019;
  7. g) Se presentó recurso de casación el 6 de mayo de 2019 y el Tribunal convocó a las partes para que nos apersonáramos ante la Sala I el 7 de junio de 2019;
  8. h) Aquí empieza la torpe y errática intervención de la Sala I:

i.- El 21 de junio de 2019 el Tribunal de primera instancia le remite el recurso (esto en la jerga judicial se conoce como “itinerancia” y que no es otra cosa que la remisión del expediente electrónico a la Sala);

ii.- El 24 de junio el expediente pasa en la Sala para que le hagan una “carátula”, que no es otra cosa que un resumen de las partes, medios de notificación, tipo de proceso, número de expediente y alguna otra información menor. En este proceso, el funcionario tardó un mes y una semana;

iii.- De aquí el expediente pasa el 31 de julio de 2019 a un funcionario para ser turnado a un letrado, llamado de admisibilidad y que tiene como objeto estudiar si el recurso se admite o no. Se le turna a una letrada de admisibilidad 29 de octubre.  Es decir, en sólo tomar el expediente y pasarlo a quien le correspondía estudiarlo se tardaron casi tres meses;

iv.- Ya en manos de la agria letrada (con quien he conversado dos veces por teléfono y parece que no sabe que es una funcionaria pública) el 7 de noviembre se lo pasa a un funcionario menor para que solicite el expediente al Tribunal;

v.- Ese mismo día, 7 de noviembre de 2019 se solicita el expediente al Tribunal.  El 11 de diciembre de 2019, hoy, se solicita nuevamente el expediente y hoy que consulté el expediente resultas que su estado indica que está en la oficina de un magistrado para firmar un documento (trámite que no existe).

¿ Qué les parece ?  Se trata de un expediente digital o electrónico.  Desde el 21 de junio de 2019 en que fue “itinerado” la Sala podía accesarlo digitalmente.  Tiene el expediente al alcance de un clic. La solicitud de expediente que hace la Sala, seis meses después de haberlo recibía vía “itinerancia” es absolutamente improcedente.  Una letrada de admisibilidad y una escribiente desconocen su propio sistema de expedientes digitales. Debería haber un órgano disciplinario que controle este tipo de barbaridades pero lamentablemente no lo hay más que en el papel, de ahí que normalmente no hace más que un papelón...

Han pasado seis meses y la Sala se enreda en sus mecates, nada pasa, el expediente no camina y lo que se exhibe es una incompetencia administrativa vergonzosa.   Tuve la osadía de preguntar cuánto dura un expediente en admisiblidad y cuánto para que finalmente salga. ¿ Pronóstico ? Dos años. Otra mentira más. Tengo otro expediente en esa misma Sala que en enero de 2020 cumple 2 años desde que se presentó el expediente y me atrevería a apostar que no sale en el próximo año.

También en otro artículo (Compas del Sistema) mencioné la desfachatez de pagarle a los magistrados un adicional en su salario por su actividad gerencial.  Lo que debería suceder es que devuelvan todo lo que se les ha pagado porque todo lo hacen al revés.

Como si todo esto fuera poco, la candidata en el primer lugar de la terna hecha por los diputados para llevar la vacante de esta Sala, ha sido denunciada por sus propios compañeros jueces, de haber sido incapaz de llevar adelante la implementación de la reforma procesal agraria.

El Poder Judicial, sin duda alguna, es un baluarte para cualquier democracia.  Sin embargo, la ciudadanía no paga sus impuestos para que se desperdicien de esa manera.  El servicio público de administración de justicia está de cabeza. Simplemente no sirve para que los ciudadanos acudan a él para dirimir sus conflictos. ¿ Cuál es el plan de la Corte para mejorar ? ¡ Si alguien lo conoce que por favor me lo informe !