El grupo de organizaciones Foro de la Justicia ha iniciado una campaña en la que invita a la ciudadanía a exigirle a las y los diputados que realicen las reformas necesarias al reglamento de la Asamblea Legislativa para asegurar que en todo el proceso de selección de personas a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia se realice con votaciones públicas.

El Foro de la Justicia y otras organizaciones han insistido en la importancia de transparentar el proceso de elección a la Corte Suprema de Justicia, y en su comunicado de prensa señalan:

Solo en el período 2014-2018 se han efectuado ocho procesos de elección de magistraturas y cuatro de reelección, que impactan sustancialmente la dirección del Poder Judicial, institución que garantiza los derechos y el acceso a la justicia a todos los habitantes. La escogencia de estas magistraturas ha estado a cargo de la CPEN, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar al Plenario mediante una votación secreta. Además, los informes finales sugieren nombres para la terna, generalmente sin motivación o fundamentación alguna.

El llamado se da después de que el día de ayer, en medio del proceso para llenar la vacante en la Sala III dejada por Carlos Chinchilla el año pasado, 12 diputados —de identidad desconocida— votaron en la primera ronda por Gregorio José Briglia Peralta, que no había participado del concurso para ese puesto, y quien había sido descalificado del concurso para llenar la vacante dejada por Doris Arias en la misma Sala por no cumplir con los requisitos formales.

El llamado del Foro de la Justicia invita a las y los ciudadanos a utilizar en sus redes sociales el hashtag #VotoPúblicoYa y etiquetar a los congresistas exigiéndoles hacer público por quién votaron durante la sesión del pasado martes y que apoyen las reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa.

Reforma similar saboteada

En junio de este año, en medio de la discusión por la reelección del magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda Leal, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides (PLN), y la diputada María Inés Solís (PUSC) habían presentado una propuesta de reforma al artículo 228 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa para que las votaciones para reelegir a las y los magistrados fueran públicas, sin embargo, en su momento esa reforma fue rechazada y en junio de este año fue archivada definitivamente, tras el voto negativo de 19 diputados.

Antecedente de inconstitucionalidad

Recientemente la Sala Constitucional recordó, en el fallo por una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Delfino.cr, que las votaciones secretas deben ser procedimientos excepcionales y justificados por el Congreso para cada caso específico y no pueden ser una regla general para ciertos procedimientos, ya que la transparencia en las votaciones debe ser la norma.

En esa ocasión la Sala declaró inconstitucional:

  • La parte final del artículo 101 por cuanto establecía que todos los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, concesión de honores y compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones se debían resolver siempre con votación secreta.
  • El artículo 87, que declaraba secreta la conformación de la Comisión de Honores.
  • El artículo 227 el señalamiento de votación secreta para otorgar títulos honoríficos de Ciudadano de Honor, Benemérito de las Ciencias, las Artes o las Letras Patrias y Benemérito de la Patria.
  • Del artículo 225 del Reglamento (198 antes de la reforma) que establece que la Comisión de Honores deberá conocer un informe confidencial sobre las facetas que se estimen negativas de la vida de la persona propuesta para un título honorífico, la Sala lo interpretó de modo que el mismo sea conforme a la Constitución Política al entenderse que lo único confidencial de la deliberación y de dicho informe serán aquellos datos que no se puedan divulgar porque alguna norma jurídica lo prohíba.

Adicionalmente, desde Delfino.cr se mantiene otra acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Congreso que permite que las votaciones para la elección de magistrados, tanto en Plenario como en Comisión, sean privadas.