El proyecto busca crear un procedimiento especial para que las municipalidades puedan permitir temporalmente el acceso vehicular en alamedas ya existentes que no cumplen el ancho mínimo de una calle ordinaria, principalmente para que residentes ingresen a estacionamientos dentro de sus propiedades, siempre que exista interés público prevalente, no haya una alternativa menos lesiva y un estudio técnico favorable garantice la prioridad y seguridad peatonal; la autorización no permite estacionar ni transitar de paso, no convierte la alameda en calle pública, el permiso podría revocarse sin indemnización, sería por hasta tres años renovables y obliga a las personas beneficiarias a asumir los costos de las obras vinculadas con el acceso vehicular.