El proyecto busca derogar el Consejo existente y sustituirlo por un Consejo de Seguridad Nacional adscrito a Seguridad Pública, presidido por la Presidencia de la República e integrado por nueve autoridades del Poder Ejecutivo, con una Secretaría Técnica permanente, competencias ampliadas hacia crimen organizado, ciberseguridad, infraestructura crítica y riesgos estratégicos, una estrategia nacional cada dos años y rendición anual ante la Asamblea; sin embargo, el nuevo órgano no tendría mando sobre las policías ni las investigaciones y sus acuerdos serían únicamente recomendaciones.