El proyect busca endurecer el régimen civil de armas al elevar de 18 a 25 años la edad mínima general para poseer y portar armas, exigir acreditar el origen de los recursos para adquirirlas, reforzar las evaluaciones psicológicas y prácticas, limitar a dos los cargadores que pueden portarse con una pistola y regular a instructores privados; simultáneamente autoriza a unidades policiales especializadas a utilizar determinadas armas prohibidas en operativos de alto riesgo y crea un delito de cuatro a ocho años —o de seis a diez en supuestos agravados— contra quien posea, reciba, transporte o almacene armas, cargadores, componentes o municiones sustraídos, desviados o separados ilícitamente de instituciones públicas, cuerpos de seguridad o empresas de seguridad privada, aunque varias medidas que la exposición presenta como nuevos controles —como el máximo de dos armas, la evaluación psicológica, el examen práctico y el límite de 17 municiones por cargador— ya existen actualmente y la reforma las mantiene o refuerza