El proyecto busca crear un delito general de comercialización ilícita de medicamentos y materias primas con penas de dos a seis años cuando la conducta resulte idónea para poner en peligro la vida o la salud, y otro de facilitación dolosa del dopaje con penas de dos a cinco años contra quien, sin justificación terapéutica, suministre o facilite a una persona que participa o se prepara para una competición organizada una sustancia o método prohibido con finalidad de dopaje y riesgo para su salud; además, impone deberes preventivos a deportistas y profesionales sanitarios y crea una lista oficial de sustancias y métodos prohibidos, pero no criminaliza por sí solo el consumo del deportista, la práctica recreativa, una simple infracción sanitaria o una infracción deportiva sin los demás elementos del delito.