El proyecto busca establecer un máximo general de cinco armas inscritas para uso deportivo y uno excepcional de 10 bajo justificación técnica, exigir desde la segunda inscripción evidencia de práctica deportiva real, someter adquisiciones o historiales inusuales a fiscalización reforzada, obligar a polígonos a registrar cada práctica con identificación del arma y conectar los registros de Seguridad Pública, OIJ y Ministerio Público mediante un sistema de trazabilidad y alertas; las personas que ya superen los nuevos máximos podrán conservar sus armas, pero no aumentar ese inventario, y el proyecto no establece un límite equivalente nuevo para las armas destinadas a cacería.