El proyecto busca ampliar el delito contra la libre determinación del votante para castigar con dos a doce meses de prisión a quien, a cambio de dádivas, ofrezca o prometa a candidaturas o dirigentes partidarios conseguir adhesiones, votos o abstenciones de terceras personas aunque el ofrecimiento no llegue a concretarse, y elevar la pena a dos a seis años cuando las conductas del artículo 279 las cometa quien ejerza autoridad religiosa, jerarquía o dirección sobre una organización o colectivo.