El proyecto busca crear dentro de la Ley 7472 un régimen especial para las personas físicas que fían créditos de consumo, obligando al acreedor a informarles previamente el alcance máximo de la garantía y avisarles dentro de 10 días hábiles del primer atraso, limitando la vigencia de la fianza al plazo original del crédito, reconociendo un beneficio de excusión renunciable únicamente de forma expresa, evitando que modificaciones sustanciales no consentidas amplíen su responsabilidad y fijando en cuatro años el máximo para conservar información crediticia negativa, además de impedir que el incumplimiento del deudor principal genere automáticamente reportes y recargos contra el fiador