Esta iniciativa incorpora expresamente el principio de paridad de género a la Constitución Política, tanto para las magistraturas propietarias como para las suplentes. La propuesta mantiene las competencias que hoy corresponden a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia en los procesos de nombramiento, pero añade una regla constitucional sobre la composición del órgano.