El proyecto busca regular expresamente el amparo de legalidad en el Código Procesal Contencioso-Administrativo mediante un procedimiento informal y sumarísimo que permita obtener una orden judicial frente a solicitudes o actos finales que la Administración mantenga pendientes, con plazos de cinco días para informar y resolver y diez días para cumplir lo ordenado, y además crea un proceso simplificado separado para controversias contencioso-administrativas de hasta cinco salarios base o que no ameriten la tramitación ordinaria.