El proyecto propone un régimen especial de contratación para las Juntas de Educación, donde la aplicación integral de la Ley General de Contratación Pública se producirá cuando la contratación supere el cincuenta por ciento (50 %) del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario. Cuando no se supere dicho monto, las Juntas deberán respetar el régimen de prohibiciones y los principios constitucionales y legales de la contratación pública. Cuando corresponda la aplicación integral de la Ley, estarán exceptuadas del uso obligatorio del Sistema Digital Unificado para la promoción y tramitación de sus procedimientos. Además, exceptúa a las Asociaciones de Desarrollo Comunal del uso obligatorio del Sistema Digital Unificado cuando, por razón del monto, deban aplicar integralmente la Ley.