El proyecto pretende modificar el artículo 14 Bis de la Ley 3859, para que las asociaciones costarricenses para el desarrollo de las distintas comunidades, puedan efectivamente vender sus servicios, bienes comercializables, así como arrendar sus bienes a la Administración Pública Central, Descentralizada y a sus órganos desconcentrados en grado máximo y mínimo.