El proyecto añade un párrafo al artículo 49 del Código Procesal Contencioso Administrativo, para obligar a la autoridad jurisdiccional a darle curso al proceso de amparo de legalidad tal y como lo hacen actualmente los operadores de la Justicia Constitucional, en donde no se les solicita a los recurrentes el aporte de copias físicas para gestionar procesos de amparo interpuestos electrónica o físicamente.