El proyecto establece una excepción específica para la adquisición de servicios de transporte aéreo de pasajeros para funcionarios públicos. La disposición delimita su objeto y carácter facultativo; establece las garantías mínimas de comparación previa de tarifas, motivación de la decisión y registro de la adquisición; remite al reglamento el desarrollo de los aspectos operativos necesarios para su aplicación, sujeto a la cláusula de no regresión e incorpora reglas destinadas a impedir que la excepción sea utilizada para contratar prestaciones distintas de las expresamente autorizadas, sin alterar el régimen vigente de gastos de viaje.