La propuesta de reforma busca superar el modelo tradicional de concentración de competencias administrativas y jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia, para avanzar hacia un esquema de especialización funcional. Bajo este enfoque, las magistraturas concentrarían prioritariamente su labor en impartir justicia, fortalecer la uniformidad jurisprudencial y ejercer la dirección superior del sistema judicial, mientras que las funciones administrativas y operativas serían asumidas por órganos técnicos especializados.