El presente proyecto de ley tiene como finalidad dotar al Estado costarricense de un marco jurídico que regule el uso de mecanismos de monitoreo electrónicos de localización permanente como medida coactiva aplicable a las personas sujetas al apremio corporal por incumplimiento del deber alimentario. Para su implementación, se busca que el juez de Pensiones Alimentarias o la autoridad jurisdiccional competente, determine el ámbito de movilidad de la persona usuaria del dispositivo, con el propósito de facilitar el desarrollo de actividades económicas que le permitan cumplir con la obligación alimentaria.