El proyecto traslada el control de la acusación a una audiencia previa al juicio, que se celebra ante el mismo Tribunal de Juicio que conocerá del debate. La persona imputada conserva intactas su facultad de oponer excepciones, de controvertir la admisión de la prueba y de solicitar el sobreseimiento. Lo único que desaparece es la repetición de ese control en dos etapas distintas. El proyecto incorpora, además, una reforma al artículo 467 del Código Procesal Penal para establecer que lo resuelto por la Sala de Casación Penal será vinculante para el proceso.