El proyecto propone incluir en la consulta pública del Ministerio de Hacienda a las personas físicas y jurídicas que se haya determinado que han realizado operaciones simuladas o emitan comprobantes falsos. Incluye dentro de las infracciones del artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios el uso de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados. Introduce una pena de cuatro a ocho años de prisión a las personas que comercialicen o compren comprobantes electrónicos para efectos tributarios que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.