El proyecto pretende reformar la Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, para fortalecer los procedimientos de evaluación presupuestaria aplicables durante el trámite, gestión y resultado final de la información que consigna la propuesta del presupuesto ordinario y extraordinario de la República. Propone que las instituciones públicas deban identificar y justificar el origen de los diferentes niveles de subejecución presupuestarias de manera tal que los fondos asignados respondan a las necesidades reales institucionales.