La reforma propuesta busca ajustar las sanciones a la peligrosidad real de las conductas y cerrar vacíos legales que facilitan la impunidad en casos de sicariato. Al mismo tiempo, plantea medidas integradas de prevención y control como el registro, trazabilidad, sanciones a funcionarios y responsabilidad empresarial que complementan el endurecimiento penal y apuntan a reducir la oferta y el acopio de armas.