La iniciativa persigue seis objetivos estratégicos: reafirmar por ley que el PTGP es un proyecto turístico y no un vehículo para el desarrollo inmobiliario residencial, cerrar portillos normativos que facilitan subarrendamientos o cesiones sucesivas sin control público suficiente, reforzar la transparencia mediante registros públicos, identificación de beneficiarios finales y publicidad de cánones y obligaciones ambientales, incorporar la evaluación socioambiental costo–beneficio y la valoración del bosque como requisito material cuando se pretendan intervenciones en cobertura boscosa o áreas de protección, en coherencia con la Ley Forestal, n.° 7575, introducir reglas expresas para evaluar impactos acumulativos y establecer límites de densidad y huella, evitando la agregación artificial de concesiones que incremente la fragilidad ambiental, proteger la seguridad jurídica, manteniendo derechos legítimamente adquiridos sin convalidar actos ilegales, mediante procedimientos claros de adecuación y revisión. Este proyecto ya había sido presentado bajo el expediente 25.367.