La reforma establece requisitos para los cargos de la Junta Directiva de la CCSS, para que cuenten con un grado académico mínimo (licenciatura o especialidad médica) y al menos diez años de experiencia comprobada en áreas vitales como salud pública, economía, finanzas, ciencias actuariales o derecho. Estable prohibiciones estrictas para el nombramiento de personas con intereses comerciales vinculados a la CCSS o que hayan ocupado altos cargos en partidos políticos recientemente, blindando así la autonomía técnica de la institución frente a intereses particulares o electorales. Incluye expresamente el deber fiduciario de los directivos, haciéndolos responsables patrimonialmente por daños ocasionados por dolo o culpa grave, sancionando de manera directa la omisión injustificada ante advertencias formales de informes técnicos o actuariales. Instituye un mecanismo de evaluación anual externa y objetiva (por la Contraloría General de la República o una firma auditora de prestigio) basada en indicadores de desempeño.