Esta iniciativa de ley pretende reformar los artículos 3, 6, 27, 34, 36 y 37 de la Ley Nacional de Sangre, con la finalidad fortalecer la trazabilidad de cada unidad de sangre desde la donación hasta la transfusión. Asimismo, ajusta los tipos penales a la realidad científica actual, que imposibilita eliminar el riesgo de transmisión de enfermedades a través de transfusiones, a pesar de que el profesional cumpla con su deber de cuidado, aplicando todos los protocolos y técnicas existentes para evitar el contagio.