El proyecto reforma el artículo 117 de la Ley N° 7558 (Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica), modificando el último párrafo con el fin de eliminar la posibilidad de eximir de fiscalización por parte de Sugef a las asociaciones solidaristas que realizan intermediación financiera abierta; y el artículo 4 de la Ley N° 6970 (Ley de Asociaciones Solidaristas) para introducir una prohibición legal expresa que imposibilite a las asociaciones solidaristas del sector público a realizar negocios con la institución pública de la que son parte, y para establecer mecanismos de verificación del uso correcto de recursos públicos por parte de las instituciones públicas que transfieren fondos por concepto de fondo de cesantía a asociaciones solidaristas. El proyecto de ley surge a raíz de la investigación sobre el posible uso irregular y corrupto de recursos públicos provenientes del traslado de fondos de prestaciones existentes al 2011 del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) hacia la Asociación Solidarista del Banco Nacional (ASEBANACIO), tramitada mediante el expediente 21.579 en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Público.