La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico para que las municipalidades estén habilitadas para implementar paradas inteligentes, así como la modernización progresiva del sistema de transporte público en zonas rurales, urbanas y metropolitanas de Costa Rica que permita garantizar una movilidad digna, inclusiva, resiliente y eficiente. Estas infraestructuras deberán cumplir con criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental, seguridad ciudadana, innovación tecnológica y conectividad digital. Esta propuesta surge de la iniciativa ciudadana presentada bajo el expediente 4145 por la Comisión de Movilidad, Transporte e Infraestructura del Parlamento Joven Mujeres por el Clima (Edición 2025) compuesta por las señoritas: Alejandra Araya Rivera, Armina Zardkoohi Burgos, Ana Ramírez Elizondo, Valeria Rojas Mena, Gloriana Chavarría Solís y Gilari Brown Johnson.