La presente iniciativa legislativa tiene como propósito fortalecer el marco jurídico costarricense para garantizar la inclusión plena, efectiva y sostenible de las personas con discapacidad que requieran apoyos para su inserción laboral, con especial atención en aquellas con discapacidad intelectual. Si bien el ordenamiento jurídico nacional reconoce el principio de igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación, en la práctica persisten barreras estructurales que limitan el acceso, permanencia y desarrollo laboral de esta población, particularmente en los procesos de reclutamiento, adaptación al puesto, evaluación del desempeño y progresión profesional.