La presente ley tiene como objeto regular el procedimiento administrativo aplicable para la remoción de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa por faltas graves al deber de probidad, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, garantizando el respeto a los principios constitucionales de autonomía y separación de poderes.