La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho al trabajo por medio de emprendimientos personales o familiares, a la autonomía económica y a la visibilidad comercial de las personas en situación de discapacidad, mediante la obligación de todas las instituciones del Estado —incluidas las municipalidades y los colegios profesionales— de disponer y mantener espacios físicos fijos y accesibles para la promoción y venta de productos así como servicios desarrollados por personas en situación de discapacidad.