El proyecto de ley tiene como objeto ofrecer los mecanismos legales pertinentes y efectivos para que el Estado pueda inventariar, proteger, poner en uso, y readecuar los bienes inmuebles patrimoniales, con el fin de conservarlos como “patrimonio vivo”, mediante su habilitación utilitaria, y su rentabilización en el desarrollo económico de las comunidades y sus propietarios actuales, cultural y en su contexto urbano. El proyecto base fue impulsado por el grupo ciudadano, denominado Patrimonio Arquitectónico Vivo (PAV), y recibido en la Asamblea Legislativa como iniciativa popular ciudadana bajo el Registro 3881.